La casa de Leopoldo López: un trofeo político del chavismo

En agosto de 1940, un agente de Stalin asesinó a León Trotski en Ciudad de México. Once años antes, Trotski había sido expulsado de la Unión Soviética y, desde entonces, el régimen soviético había desplegado una persecución que sobrepasó a la persona del viejo revolucionario. Su vivienda en Moscú pasó a manos del Estado, su biblioteca fue dispersada, sus archivos y papeles personales fueron incautados, sus fotografías desaparecieron progresivamente de publicaciones oficiales y las huellas materiales de su paso por la historia fueron sometidas a una paciente operación de borrado.

El acoso alcanzó también a su familia. Stalin dirigió una cantidad extraordinaria de tiempo, recursos y energía contra un hombre que vivía a miles de kilómetros de Moscú porque comprendía que ciertas figuras conservan la capacidad de desafiar el relato oficial incluso después de haber sido derrotadas.

La ocupación de la casa de Leopoldo López invita a pensar en esa dimensión del poder. ¿Por qué un régimen sigue actuando sobre un adversario después de haberlo encarcelado, sometido a vigilancia permanente, obligado al exilio y convertido durante años en objeto de una campaña sistemática de demonización?

Durante más de una década, el chavismo ha dedicado a Leopoldo López una cantidad extraordinaria de atención. Lo convirtió en uno de los presos políticos más conocidos del continente. Le dedicó incontables horas de televisión. Construyó alrededor de su nombre una narrativa de sospechas, acusaciones y descalificaciones que una parte de la sociedad terminó incorporando como verdad establecida.

Pocos dirigentes opositores venezolanos han sido objeto de un esfuerzo tan prolongado de descrédito político. Sin embargo, nada parece haber resultado suficiente. La cárcel no cerró el episodio. El arresto domiciliario tampoco. El exilio tampoco.

Ahora se jactan en público de haberle confiscado la casa, sin juicio, sin resarcimiento. Sin ley.

Y la casa es crucial porque, durante más de tres años, entre julio de 2017 y octubre de 2020, fue uno de los escenarios más observados de la vida política venezolana. Allí cumplió arresto domiciliario después de pasar más de tres años en Ramo Verde. Frente a esa vivienda se apostaron periodistas venezolanos y corresponsales extranjeros. Allí acudieron diplomáticos, dirigentes políticos y representantes de organismos internacionales.

Por eso, al ver en estos días la grotesca exhibición del robo de esa casa, sus espacios nos parecían familiares, incluso a quienes nunca pusimos un pie en ella.

Para millones de venezolanos, esa dirección quedó asociada a una historia concreta: la de un preso político y la de una familia sometida durante años a la vigilancia del Estado.

La ocupación de la vivienda constituye, además, un episodio reconocible dentro de una práctica más amplia. Durante años, el régimen chavista ha intervenido bienes pertenecientes a adversarios políticos, empresarios, periodistas, organizaciones civiles y ciudadanos comunes. Casas, oficinas, vehículos, equipos, dinero, documentos, joyas y pertenencias personales han pasado a manos de sus cómplices mediante decisiones administrativas, judiciales o policiales.

La vivienda de Leopoldo López destaca por su enorme carga simbólica, pero el principio que opera detrás de ella es el de una dictadura que perpetra crímenes sin cortapisas y cuya voracidad es ilimitada.

Sin embargo, la historia de esta casa contiene un elemento adicional. No se trata únicamente de la apropiación de un inmueble. También se trata de la apropiación de lo que había dentro de él.

Una casa no es un cascarón vacío. Es un espacio privado protegido por una tradición jurídica que las democracias consideran fundamental. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconocen una protección especial frente a las injerencias arbitrarias en la vida privada, familiar y doméstica. Esa protección existe porque el domicilio constituye uno de los límites más antiguos impuestos al poder político.

El episodio podría haber terminado allí: con la vivienda de un adversario ocupada y una familia despojada de un espacio que le pertenece.

Pero el régimen fue más lejos. Organizó una celebración, un aquelarre de burla. Presentó la invasión como una obra impulsada por Delcy Rodríguez y, en los actos de inauguración, participaron funcionarios del oficialismo que recorrieron la vivienda y exhibieron su transformación en la llamada Casa de los Abuelos y Abuelas Indio Chacao.

El argumento tendría alguna fuerza emocional si no fuera porque la situación de los jubilados constituye una de las deudas sociales más sangrantes de todas las acumuladas por el chavismo desde la llegada de Hugo Chávez al poder.

Durante años, la pensión oficial permaneció fijada en 130 bolívares mensuales, menos de un dólar al mes. Millones de venezolanos llegaron a la vejez dependiendo de remesas familiares, ayudas privadas y trabajos informales, cuando no de escarbar en la basura, para afrontar sus necesidades elementales de alimentación y medicinas.

Ese contexto modifica por completo el significado de la ceremonia. La llamada Casa de los Abuelos no es una respuesta a la situación de los ancianos venezolanos, sino una escenificación política construida sobre ella.

La precariedad de los jubilados es utilizada, con una crueldad que hiela la sangre, para legitimar la ocupación de la vivienda de un enemigo político. Los ancianos aparecen convertidos en argumento moral de una operación cuyo verdadero protagonista sigue siendo Leopoldo López.

Y ahí reaparece la pregunta fundamental. ¿Por qué Leopoldo López? ¿Por qué escoge el régimen la casa de un hombre al que lleva doce años intentando desacreditar, neutralizar y borrar del escenario político?

La respuesta quizá se encuentre en la propia conducta del poder.

Hay persecuciones que terminan cuando el perseguido desaparece de la escena. Esta no. Doce años después, el chavismo sigue dedicando tiempo, recursos, propaganda y energía a actuar sobre los espacios asociados a Leopoldo López. Como si la campaña de descrédito no hubiera bastado. Como si la cárcel no hubiera bastado. Como si el exilio fuera irrelevante.

La vivienda devino trofeo político y la inauguración, una demostración pública de dominio.

Lo que se ocupa no es solamente una casa. Lo que se exhibe no es una obra social, que no llega ni a pañito caliente frente al drama de los jubilados venezolanos. Lo que está en juego es la voluntad de intervenir una memoria que el régimen nunca consiguió controlar por completo.

Por eso la demonización de Leopoldo López ocupa un lugar tan importante en esta historia. Durante años, el aparato de propaganda del Estado trabajó para asociar su nombre con la violencia, la irresponsabilidad política, la conspiración y el extremismo.

La operación fue tan persistente que muchos terminaron aceptando como ciertas acusaciones nunca demostradas. Sin embargo, la magnitud misma del esfuerzo plantea una duda interesante, porque los regímenes no suelen invertir semejante cantidad de recursos en figuras irrelevantes.

La intensidad de la campaña revela la importancia atribuida a su objetivo.

Cada régimen autoritario tiene sus particularidades, pero todos actúan sobre las huellas cuando ya no pueden hacerlo sobre el hombre.

Las abominaciones cometidas contra la casa de Leopoldo López sugieren que esa tentación sigue viva, como si doce años de cárcel, tortura y empeño en desacreditarlo hubieran terminado por confirmar la importancia política que buscaban negar.