¿Puede Colombia convertirse en una nueva Venezuela?

Durante años me molestó —y debo admitirlo sin demasiada diplomacia— esa obsesión de algunos venezolanos con advertirle a Colombia que terminaría “convertida en Venezuela”. Me parecía una consigna perezosa, una caricatura histórica útil para campañas de miedo, pero intelectualmente pobre. Durante mucho tiempo defendí la idea de que ambos países tenían estructuras políticas distintas: Colombia poseía élites más cohesionadas, instituciones más resistentes, Fuerzas Armadas con mayor profesionalización y una tradición de fragmentación del poder que hacía improbable una deriva autoritaria como la venezolana.

No era ingenuidad. Era análisis comparado. Y, durante bastante tiempo, era un análisis razonable.

Sin embargo, las democracias rara vez colapsan copiando exactamente otro modelo. Se degradan cuando empiezan a reproducir ciertas dinámicas: el desprecio por los límites, la demonización de los contrapesos y la idea de que el poder necesita menos obstáculos para “hacer el bien”. Ahí es donde Colombia empieza a entrar en una zona incómoda.

El problema no es que Colombia vaya a calcificar una copia exacta del chavismo. La historia nunca funciona así, aunque los marxistas digan que primero se repite como tragedia y luego como comedia. El problema es otro: que empiece a incubar una lógica política semejante, donde las instituciones dejan de ser garantías y pasan a verse como enemigos del cambio.

Y en este punto aparece una figura particularmente compleja: Iván Cepeda.

Porque el riesgo de Cepeda no reside en el caricaturesco caudillo tropical gritando consignas desde un balcón. Su peligro político es más sofisticado y, precisamente por eso, más difícil de detectar. Cepeda combina dos ingredientes históricamente delicados en América Latina: el político agazapado —ese que parece no querer el poder mientras lo desea intensamente— y una sensibilidad ideológica profundamente anclada en una izquierda moralista, trasnochada y con cierto perfume soviético que jamás terminó de reconciliarse del todo con la idea liberal de límites al poder.

No transmite el temperamento volcánico de Hugo Chávez. Y quizá ahí reside precisamente su fortaleza. Este es estructurado, Hay dirigentes que avanzan golpeando la puerta. Otros prefieren deslizarse lentamente por los pasillos institucionales mientras hablan el lenguaje de los derechos, la reconciliación y la justicia histórica. El problema comienza cuando detrás de ese lenguaje aparece una noción redentora de la política: la idea de que el sistema debe ser “refundado” porque sus límites son moralmente insuficientes.

A esto se suma un elemento que muchos subestiman: durante estos años, Gustavo Petro no solo gobernó; también institucionalizó una forma inédita de ejercer el poder en Colombia. La crítica permanente a las instituciones, la polarización como método político, la deslegitimación constante de la oposición y el señalamiento recurrente de cortes, medios y sectores económicos como obstáculos del “cambio” terminaron creando un nuevo clima político. Pero paradójicamente, Colombia tuvo una protección inesperada: el propio desorden del petrismo. La improvisación, las fracturas internas, los escándalos sucesivos y la incapacidad organizativa del gobierno limitaron el alcance de muchas reformas potencialmente dañinas. El problema es que un proyecto encabezado por Cepeda podría conservar la misma lógica de confrontación institucional, pero sin el caos administrativo de Petro. Y una izquierda disciplinada suele ser mucho más eficaz —y mucho más peligrosa— que una izquierda caótica.

Durante décadas, uno de los mayores activos de Colombia fue precisamente la dispersión del poder. Congreso fuerte, cortes activas, prensa incómoda, empresarios con capacidad de presión y una institucionalidad imperfecta, pero difícil de capturar completamente. Esa fragmentación desesperaba a muchos, pero también impedía que un solo proyecto político absorbiera el Estado entero.

Las democracias empiezan a enfermar cuando esa fragmentación deja de verse como protección y empieza a considerarse un obstáculo ilegítimo. Cuando las cortes son presentadas como trincheras oligárquicas. Cuando el Congreso es descrito como un estorbo para la voluntad popular. Cuando los medios críticos pasan a ser enemigos del pueblo o instrumentos de sabotaje. En ese instante, el pluralismo deja de ser un valor y comienza la tentación del poder homogéneo.

Por eso el debate sobre una Asamblea Constituyente no puede tratarse con frivolidad. En abstracto, una constituyente es simplemente una herramienta jurídica. Pero en América Latina rara vez ha sido solo eso. Casi siempre ha servido para alterar el equilibrio institucional, extender hegemonías políticas y rediseñar las reglas mientras el partido ya está en juego.

La experiencia venezolana es aleccionadora precisamente porque la democracia no murió de un día para otro. Murió lentamente. Primero se erosionó la autonomía institucional. Luego se colonizaron los órganos de control. Después se transformó el árbitro electoral. Finalmente, el sistema conservó elecciones, pero perdió el carácter competitivo de una democracia.

Eso es lo inquietante: las democracias contemporáneas no suelen desaparecer mediante golpes militares clásicos, sino mediante procesos graduales de vaciamiento institucional ejecutados desde la legalidad misma.

Y mientras esto ocurre, parte de la oposición colombiana parece atrapada en una mezcla de narcisismo y frivolidad política. Mientras Cepeda construye narrativa, densidad ideológica y horizonte estratégico, sectores de la derecha —encarnados en figuras como Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia— parecen más ocupados en un ring de egos que en comprender la dimensión histórica del momento.

Ese puede ser el mayor error de Colombia: subestimar la naturaleza del cambio porque este no llega vestido de revolución clásica, sino de corrección moral e institucional. El país puede pensar que si sobrevivió a los 4 años de farra de Petro, puedo sobrevivir a otros 4 más de continuidad.

Por eso, aquí lo importante es entender que es un momento no de los políticos sino de la nación. Si Abelardo De La Espriella pasa a segunda vuelta contra Cepeda, como hoy señalan prácticamente todos los estudios y mediciones serias, habrá que votar por él. Sí, incluso poniéndose la mano en la nariz. Incluso tragándose muchas reservas legítimas.

Lo digo como venezolano. Lo digo sabiendo perfectamente quién es Abelardo. Sabiendo de sus relaciones, de las sombras alrededor de Alex Saab, de episodios de su historial que generan desconfianza y rechazo. Nada de eso desaparece por conveniencia política. Nada de eso debe olvidarse. Pero también sé reconocer cuándo un fenómeno político deja de ser una candidatura exótica para convertirse en una realidad social y que si es el que puede garantizar el orden constitucional del país, toca aferrarse a su proyecto. 

Los venezolanos aprendimos demasiado tarde que en política no siempre se elige entre lo ideal y lo deseable. A veces se elige entre lo imperfecto y lo irreversible. Y cuando uno ha visto cómo un país entero cae en manos de un proyecto autoritario que luego destruye las instituciones, la economía y la libertad, entiende que hay momentos en los que toca actuar con pragmatismo y no con romanticismo político.

Eso no significa entregar cheques en blanco. No significa absolver pasados incómodos ni renunciar a la vigilancia ciudadana. Significa entender la dimensión del momento histórico.

Durante años pensé que la frase “Colombia no será Venezuela” era suficiente para cerrar cualquier discusión. Hoy ya no estoy tan seguro. Porque el problema nunca fue parecerse exactamente a Venezuela. El problema es que las democracias empiezan a desmoronarse cuando dejan de entender que el poder necesita límites incluso —y sobre todo— cuando cree tener buenas intenciones. Cuando los pobres ya son parte del ejército del cambio y cuando existe un emperador que los llevará a la tierra prometida.

La historia enseña algo incómodo: los países no pierden la democracia cuando aparece un dictador evidente. La pierden cuando normalizan la idea de que ciertas causas son tan nobles que justifican debilitar los controles que impiden abusar del poder. La historia reciente de El Salvador es un ejemplo de ello.

Y quizá el mayor peligro para Colombia sea precisamente ese: creer que la erosión democrática siempre llega haciendo ruido. A veces llega en nombre de los derechos. A veces hablando el lenguaje de la inclusión, de la paz y de la dignidad. A veces sonríe, cita a los intelectuales correctos y promete corregir las injusticias de la historia. Hasta que un día el país descubre que los límites desaparecieron, que el poder ya no sabe retroceder y que la democracia dejó de ser un sistema donde alguien puede perder sin miedo.

Como venezolano, no me gustaría que ningún país padeciera la enfermedad lenta y devastadora de perder su democracia. Pero si existe un país al que menos quisiera ver atravesando ese camino es Colombia. Porque fue Colombia la que abrió sus puertas cuando millones de venezolanos escapábamos del deterioro institucional, de la pobreza y del frío autoritario que terminó cubriendo a Venezuela. Fue este país el que ofreció trabajo, refugio, dignidad y un segundo hogar cuando el nuestro comenzaba a derrumbarse. Y quizás por eso mismo resulta tan inquietante observar señales que, aunque todavía distintas, empiezan a recordar dinámicas que nosotros ya vimos antes y que demasiados decidieron subestimar hasta que fue demasiado tarde.