La tragedia política ocurrió antes que los terremotos

El 24 de junio de 2026 la tierra tembló dos veces en Venezuela. Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, golpearon principalmente Caracas y La Guaira y produjeron una de las mayores tragedias de nuestra historia reciente.

Los terremotos fueron fenómenos naturales. La vulnerabilidad con la que Venezuela llegó a ellos, no.

Esa distinción es fundamental porque, dos meses después, investigaciones periodísticas, documentos oficiales, análisis técnicos y testimonios de especialistas permiten reconstruir una historia que comenzó mucho antes de que se moviera la primera falla.

Venezuela sabía que era un país sísmico. Sabía dónde estaban algunas de sus zonas de mayor riesgo. Tenía normas de construcción para enfrentarlo. Tenía científicos que estudiaban esos riesgos. Tenía una institución especializada en sismología. Tenía organismos de protección civil, cuerpos de bomberos y un marco institucional para gestionar emergencias. Y tenía dinero. Muchísimo dinero.

Lo que ocurrió durante casi tres décadas fue otra cosa: la progresiva sustitución de capacidades estatales por lealtades políticas; de controles por discrecionalidad; de planificación por propaganda; de conocimiento técnico por decisiones verticales; y, en algunos casos, de científicos por militares.

Por eso la tragedia política ocurrió antes que la natural.

Sabían dónde estaban construyendo

La investigación publicada por The Washington Post el 22 de agosto demuestra que, dos décadas antes del terremoto, científicos que trabajaban para el propio Estado venezolano habían identificado zonas particularmente vulnerables ante un gran sismo. Sin embargo, años después el gobierno construyó allí complejos de viviendas de alta densidad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. No se trataba de un peligro desconocido.

Después del terremoto de Caracas de 1967, Venezuela desarrolló durante décadas conocimiento científico sobre amenaza sísmica y normas de construcción cada vez más exigentes. Los códigos vigentes establecían condiciones que debían permitir que las edificaciones modernas resistieran terremotos severos.

Además, Caraballeda había sido estudiada. Los investigadores conocían sus características geológicas, la posibilidad de licuefacción y la capacidad de determinados suelos para amplificar el movimiento. También habían estudiado períodos naturales del terreno que podían resultar especialmente problemáticos para edificios de ciertas alturas.

Pese a ello, allí se construyeron decenas de torres de vivienda pública. El resultado del 24 de junio permite dimensionar aquella decisión. Según el análisis satelital realizado por The Washington Post, en Caraballeda colapsaron 15 de las 28 torres de la Gran Misión Vivienda estudiadas: unas 1.440 viviendas desaparecieron en segundos.

Más de la mitad de las edificaciones de alta densidad de la Misión Vivienda analizadas por el periódico se desplomaron. Entre edificios privados comparables, cayó aproximadamente uno de cada diez. La investigación identificó diez edificios privados de gran altura levantados después de las normas sísmicas de 2001. Solo uno colapsó, y estaba conectado a una estructura construida al menos 42 años antes. Inevitable la comparación…

“No hacíamos estudios de suelo”

Farruco Sesto, uno de los hombres fundamentales de la política de vivienda de Hugo Chávez y presidente de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales, reconoció años después: “No hacíamos estudios de suelo. Teníamos mucha urgencia por entregar las viviendas”.

No es la acusación de un adversario político. Es el reconocimiento de uno de los responsables del propio programa. La investigación de Armando.Info sobre las construcciones de la Opppe permite entender lo que significaba aquella “urgencia”.

La oficina había nacido en 2009 y después de las lluvias de 2010 recibió la misión de levantar viviendas rápidamente para los damnificados. En enero de 2011 pasó a ser una fundación del Estado con patrimonio propio y amplias atribuciones para administrar recursos.

Los proyectos se desarrollaron “a todo galope”, según reconstruyó Armando.Info: contratos adjudicados directamente, empresas cuya experiencia era incierta, opacidad sobre el uso de los fondos y dudas sobre la evaluación de los terrenos.

Otro de los responsables del programa, el arquitecto Lucas Pou Ruán, describiría posteriormente una dinámica igualmente reveladora: durante la emergencia comenzaron a diseñarse proyectos sin que estuvieran definidos todavía el terreno ni las variables urbanísticas, mientras paralelamente se seleccionaban y ocupaban las parcelas.

Primero había que construir. Después se resolvería dónde y bajo qué condiciones. Ese orden de prioridades es exactamente el contrario al de una política pública orientada a gestionar riesgos.

Y tenía detrás enormes cantidades de dinero.

Solo en 2012 la Opppe manejó un presupuesto equivalente a aproximadamente 1.170 millones de dólares. Ese era, además, un año electoral. Los documentos oficiales registraron la entrega de 2.306 viviendas en Vargas y otras 240 en Caracas durante aquel año.

La vivienda funcionaba simultáneamente como política social y como instrumento de legitimación política.

Cuando cumplir una meta de viviendas se convierte en una necesidad política inmediata, los estudios de suelo, los procedimientos administrativos, las licitaciones y las inspecciones pueden comenzar a ser percibidos como obstáculos. Ese es precisamente el valor institucional de esos controles: hacer más lenta una decisión cuando hacerla demasiado rápido puede matar gente.

43 torres y ninguna salió indemne

El terremoto terminó sometiendo aquellas decisiones a una prueba imposible de manipular. Armando.Info recorrió nueve urbanismos construidos por la Opppe en La Guaira, con un total de 43 torres. 16 colapsaron. Las otras 27 permanecieron en pie, pero presentaron daños estructurales importantes y quedaron inhabitables, varias señaladas para demolición. Es decir: ninguna de las 43 salió indemne.

Los nueve urbanismos reunían 3.637 apartamentos y una población potencial superior a 14.500 personas. La mayoría se concentraba precisamente en Caraballeda.

En Opppe 26, uno de los casos más dramáticos, había doce torres de doce pisos y 876 apartamentos. Seis torres colapsaron. En ese conjunto podían vivir más de 3.500 personas.

La comparación realizada posteriormente por The Washington Post amplía el problema más allá de esos complejos: las viviendas públicas modernas que debían cumplir normas antisísmicas se desplomaron proporcionalmente mucho más que edificios privados comparables.

Habrá que investigar estructura por estructura para establecer las causas técnicas y las responsabilidades individuales. Pero hay una responsabilidad institucional que ya puede observarse.

El problema no consistió simplemente en que alguien pudiera haber calculado mal una columna. El problema fue construir un sistema en el cual la decisión política podía imponerse sobre los mecanismos diseñados precisamente para impedir que una mala decisión terminara convertida en una catástrofe.

Cuando el uniforme sustituyó a la ciencia

La historia de Funvisis permite observar el mismo fenómeno desde otro lugar. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas nació en 1972, precisamente como consecuencia del terremoto de Caracas de 1967. Durante décadas Venezuela desarrolló allí conocimiento, profesionales, sistemas de monitoreo, investigación y programas de prevención.

Después del terremoto de Cariaco de 1997 se modernizó el registro sísmico. En 1999 se consiguieron recursos para adquirir una red moderna de 35 estaciones de banda ancha, instalada desde el año 2000.

Para 2014 Funvisis informaba que Venezuela disponía de 40 estaciones distribuidas por las zonas de mayor actividad sísmica, complementadas por redes regionales. Aquella capacidad fue desapareciendo.

Raúl Estévez, fundador del Laboratorio de Geofísica de la Universidad de Los Andes, atribuyó el deterioro de las estaciones a “la falta absoluta de presupuesto y soporte técnico”. La red regional de la ULA, que llegó a tener alrededor de 25 estaciones propias, terminó completamente inoperativa.

En Sucre, el estado venezolano de mayor peligro sísmico, tampoco estaba activa la red del Centro de Sismología de la Universidad de Oriente.

Pero la destrucción no fue solamente presupuestaria. Fue también institucional. Funvisis había pertenecido a la estructura científica del Estado. En 2018 terminó adscrita al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Y la histórica conducción científica de la institución fue sustituida por conducción militar.

Diversas fuentes consultadas por Runrun.es sitúan el deterioro más profundo precisamente a partir de esa militarización. La ingeniera geóloga Luiraimar Salazar denunció jubilaciones forzadas de científicos experimentados, especialistas apartados y trabajadores que permanecieron con salarios precarios y recursos cada vez menores.

Raúl Estévez resumió otra consecuencia de años de destrucción de universidades y centros de investigación: “Las generaciones de relevo en el área se fueron. Quedamos los jubilados”.

Es difícil encontrar una descripción más precisa de lo que significa destruir capacidad estatal. Porque un Estado no es el edificio donde funciona un ministerio ni el decreto mediante el cual existe formalmente una fundación. Un Estado también es conocimiento acumulado.

Son científicos formados durante décadas. Técnicos que saben interpretar datos. Redes de instrumentos que requieren mantenimiento. Protocolos. Archivos. Laboratorios. Bibliotecas. Formación de nuevos especialistas. Memoria institucional. Destruir todo eso puede tomar años. Reconstruirlo también.

También desmontaron la prevención

Funvisis no servía únicamente para registrar dónde había temblado. Una política moderna de gestión del riesgo intenta que la población sepa qué hacer antes de una emergencia.

En 1998 se creó el Aula Sísmica Madeleilis Guzmán, llamada así en homenaje a la maestra que murió durante el terremoto de Cariaco después de salvar a dos alumnas. El programa estudiaba cómo reaccionaban distintos sectores de la población ante los sismos y desarrollaba formación y prevención. En 2018 fue cerrado.

También cerró el Museo Sismológico de Caracas, instalado en el histórico Observatorio Juan Manuel Cagigal. Allí existían un simulador de terremotos, instructores, especialistas y una biblioteca que cumplían una función particularmente importante para las comunidades del oeste de Caracas.

También desapareció el servicio gratuito 0800-TEMBLOR.

No son anécdotas administrativas. Son capacidades de prevención que dejaron de existir. Y mientras disminuía la red científica nacional, desaparecían redes universitarias, cerraban programas de educación sísmica y emigraban especialistas, Venezuela seguía estando exactamente encima de las mismas fallas geológicas.

El riesgo natural no había disminuido. Lo que disminuyó fue la capacidad del Estado para comprenderlo, monitorearlo y preparar a la sociedad.

El Estado que sí se construyó

Sería cómodo describir todo esto simplemente como un “Estado débil”. Pero Venezuela no llegó al 24 de junio después de 27 años durante los cuales el poder político hubiese desaparecido. En algunas áreas ocurrió exactamente lo contrario.

Durante ese mismo período se desarrollaron y fortalecieron organismos de inteligencia, sistemas de vigilancia, estructuras militares y policiales y mecanismos tecnológicos destinados al control territorial y social.

El informe preliminar del Miranda Center for Democracy contrapone ese aparato con la precariedad encontrada en los organismos encargados de proteger a la población. Entre otras inversiones, identifica más de 1.000 millones de dólares destinados al sistema de videovigilancia VEN-911 y la compra de miles de camiones pesados chinos.

Estamos frente a un Estado que escogió cuáles capacidades conservar, cuáles fortalecer y cuáles dejar morir. Y eso es profundamente político.

Los Estados autoritarios pueden ser extraordinariamente eficaces para unas funciones y desastrosamente incapaces para otras. Pueden desarrollar sofisticados sistemas de vigilancia mientras un hospital carece de insumos. Pueden conocer los movimientos de un dirigente opositor mientras pierden estaciones capaces de registrar los movimientos de una falla geológica. Pueden tener cuerpos preparados para controlar una manifestación y bomberos sin equipos suficientes para entrar en un edificio colapsado.

La capacidad estatal no desaparece necesariamente de manera uniforme. Puede deformarse alrededor de las prioridades del régimen. Más si se trata de un régimen que combina los crímenes de una tiranía, la corrupción como modelo total y la incapacidad como característica de sus “funcionarios”.

Bomberos, Protección Civil y hospitales: la emergencia también se prepara antes

El terremoto expuso igualmente el deterioro acumulado de las instituciones que debían responder cuando la prevención ya no fuera suficiente.

Los problemas de Protección Civil, bomberos y sistema sanitario no comenzaron a las 9 de la noche del 24 de junio. Llegaron con ellos.

El análisis de Transparencia Venezuela describe un sistema de salud que ya estaba severamente debilitado: según datos de la Encuesta Nacional de Hospitales de 2024 utilizados en el informe, solo 40% de los quirófanos estaba operativo y existía 74% de desabastecimiento de insumos de emergencia.

El Miranda Center recogió el testimonio de un integrante de Protección Civil en La Guaira que resume la situación material con la que algunos rescatistas enfrentaron el desastre: “No tenemos las herramientas, no tenemos la técnica, no tenemos la tecnología… Estamos en la Edad de Piedra”.

Lo ocurrido después del primer temblor pertenece, fundamentalmente, a otra parte de esta historia. Pero un dato permite entender lo que había ocurrido antes. Transparencia Venezuela calculó que, a las 24 horas, el Estado había desplegado apenas 12,6% de la fuerza máxima que terminaría movilizando. A las 48 horas alcanzaba 34,6%. El máximo de 31.837 efectivos solo se alcanzó el día 18.

Esa lentitud no se explica únicamente por decisiones tomadas durante aquellas horas. Una capacidad de emergencia nacional no puede inventarse después de que colapsan los edificios.

Hay que tener antes los equipos. Antes los profesionales. Antes los protocolos. Antes la maquinaria. Antes las comunicaciones. Antes las instituciones.

El problema no fue desconocer el peligro

Venezuela sabía. Sabía que estaba expuesta a terremotos devastadores porque ya los había sufrido. Sabía que Caraballeda tenía características geológicas particularmente delicadas. Tenía estudios. Tenía códigos antisísmicos. Tenía ingenieros. Tenía sismólogos. Tenía a Funvisis. Tenía redes universitarias. Tenía programas de prevención. Tenía instituciones de Protección Civil. Y durante el mayor boom petrolero de nuestra historia tuvo recursos extraordinarios para fortalecer todo aquello.

Sin embargo, mientras la amenaza permanecía, muchas de esas capacidades fueron deteriorándose. La ciencia perdió espacio frente al control político. La planificación perdió espacio frente a la urgencia propagandística. Los procedimientos perdieron espacio frente a la discrecionalidad. La meritocracia perdió espacio frente a la lealtad. Y los controles que existen precisamente para limitar los errores del poder fueron tratados como obstáculos para que el poder actuara más rápido.

En 2012, mientras la Opppe disponía de alrededor de 1.170 millones de dólares y aceleraba la entrega de viviendas en un año electoral, quienes las diseñaban admitieron después que no hacían estudios de suelo porque había “mucha urgencia”. Catorce años más tarde, algunas de aquellas torres estaban convertidas en montañas de concreto.

El fracaso de un modelo de Estado

Si reducimos lo ocurrido a funcionarios que robaron dinero o constructores que pudieron utilizar materiales deficientes, dejamos fuera un problema mayor, y es que lo ocurrido también fue consecuencia de una concepción del Estado.

Durante años, el chavismo convirtió las instituciones en extensiones del proyecto político. La administración pública dejó progresivamente de concebirse como una estructura profesional sometida a reglas y destinada a prestar servicios independientemente de quién gobernara. La frontera entre Estado, gobierno y partido fue desapareciendo.

En ese modelo, un organismo técnico puede ser militarizado porque la lealtad importa más que la especialización. Una obra puede adjudicarse directamente porque el procedimiento incomoda. Un estudio puede omitirse porque retrasa una inauguración. Una universidad puede quedarse sin presupuesto porque ya no constituye una prioridad política. Un científico puede emigrar y no ser reemplazado porque su conocimiento no produce obediencia inmediata.

Cada decisión parece aislada… hasta que ocurre un terremoto. Entonces todas aparecen simultáneamente. El edificio que se construyó con prisa. El suelo que no se estudió. La inspección que no se hizo. El científico que se marchó. La estación que dejó de funcionar. El programa de prevención que cerró. El bombero sin equipamiento. El hospital sin insumos. La maquinaria que no está disponible.

Nada de eso nació el 24 de junio. Todo estaba allí antes de que la tierra comenzara a moverse.

Por eso, para entender la dimensión de la tragedia venezolana, hay que estudiar los 27 años que precedieron al doble terremoto.

La naturaleza puso a prueba al Estado venezolano durante unos segundos. Y lo que colapsó había comenzado a ser destruido mucho antes.