El terremoto del 24J y cómo el autoritarismo chavista gestiona la emergencia

¿Qué ocurre cuando una tragedia natural se encuentra con un Estado autoritario? Este artículo recupera el legado de Paula Vásquez Lezama para explicar por qué el terremoto del 24J también debe entenderse como un acontecimiento político. Una reflexión sobre el poder, la ayuda humanitaria, la militarización y los riesgos de convertir el sufrimiento de la población en un instrumento de control.

Hay libros que no envejecen porque sus objetos de estudio tampoco lo hacen. «Poder y Catástrofe», de la socióloga venezolana Paula Vásquez Lezama, publicado en 2009 a partir del estudio de la tragedia de Vargas de 1999, vuelve a ser hoy una guía de lectura obligatoria. El terremoto del 24 de junio de 2026 es una tragedia humana, pero también un dato político de primer orden, y Vásquez lo explicó con una precisión que ningún análisis de coyuntura ha igualado desde entonces.

Su tesis es simple y demoledora: en Venezuela, las catástrofes no debilitan al poder. Lo reorganizan.

Lo que Vásquez documentó a través del trabajo de campo con damnificados, militares y funcionarios no fue una anomalía histórica, sino un patrón. El chavismo tomó el sufrimiento de los más vulnerables tras Vargas y lo convirtió en materia prima de un relato fundacional. Los damnificados se transformaron en «dignificados», ciudadanos supuestamente redimidos por la revolución bolivariana. El dolor colectivo dejó de ser una deuda del Estado para convertirse en argumento de su legitimidad. Así opera el autoritarismo de emergencia que Vásquez bautizó con precisión clínica.

Pero hay algo más perturbador en su análisis, y es lo que lo hace urgente hoy. La tutela militarizada sobre las víctimas no cumplió su función humanitaria declarada, sino que replicó una dinámica cuartelaria: los individuos con necesidades particulares fueron tratados como fuente de desorden, como incapaces que debían ser administrados. La ayuda humanitaria como mecanismo de control y el sufrimiento un recurso político.

Esa lógica no es coyuntural, advirtió Vásquez. Es estructural. Y explica, entre otras cosas, cómo el chavismo acumuló apoyo electoral durante años no a pesar de sus fracasos en la gestión de las crisis, sino en parte gracias a ellas. La emergencia generó dependencia, la dependencia lealtad, la lealtad votos. El círculo se cerró con una eficacia que ningún programa social diseñado en la normalidad habría logrado.

Hoy, el régimen encabezado por Delcy Rodríguez tiene sobre la mesa exactamente los mismos ingredientes que Vásquez describió hace un cuarto de siglo. Un estado de emergencia declarado, control militar sobre zonas afectadas, un flujo de ayuda internacional que administrar y una narrativa de reconstrucción por explotar. Son las condiciones ideales para que el manual se reactive, esta vez bajo circunstancias políticas radicalmente distintas, pero con los mismos reflejos institucionales.

Hay que leer el 24J junto al contexto en que ocurre: el aparato represivo chavista sigue activo. El SEBIN, la DGCIM, el CICPC y la PNB no han sido desmantelados, pese a los gestos simbólicos de Rodríguez. El anuncio del cierre de El Helicoide, la Ley de Amnistía, la supresión del CESPPA han sido declaraciones con poco fondo. Según el Foro Penal Venezolano, al 24 de junio de 2026 todavía hay 373 presos políticos y un acumulado de 19.142 detenciones arbitrarias desde 2014. El pulpo sigue vivo. Lo que cambia con un terremoto no es la naturaleza del régimen, sino las oportunidades que este encuentra para reinventarse ante su audiencia interna e internacional.

En ese sentido, el 24J no llega en un momento cualquiera. Llega cuando Rodríguez intenta demostrar ante Washington que el régimen puede ser un interlocutor válido para la estabilización del país. Llega cuando la oposición sigue exigiendo la liberación de todos los presos políticos y el desmantelamiento real del aparato de inteligencia. Llega cuando la negociación entre el Gobierno y la Asamblea Nacional de 2015 aún no ha iniciado y tiene la excusa ideal para detenerse. Una catástrofe natural, en ese contexto, no interrumpe al régimen, lo reconfigura.

El riesgo que Paula Vásquez nos enseñó a ver es el siguiente: que la reconstrucción se convierta en otro episodio de «dignificación» forzada, donde el Estado militarizado administre el dolor ajeno para proyectar fortaleza y renovar vínculos de dependencia con las comunidades más golpeadas. Que el flujo de cooperación internacional (que inevitablemente llegará) sea canalizado a través de estructuras que refuercen el control territorial del régimen. Que la narrativa de la emergencia desplace del debate público las conversaciones sobre presos políticos, reforma institucional y transición democrática.

Paula Vásquez murió en 2021. Nos dejó tres libros fundamentales sobre Venezuela. El primero de ellos («Poder y Tragedia») sigue siendo el más urgente. No porque el 24J sea una réplica exacta de lo que pasó en Vargas, sino porque los mecanismos que ella identificó son más duraderos que cualquier gobierno.

La cultura del autoritarismo de la emergencia no depende de un líder carismático ni de una ideología particular. Depende de instituciones militarizadas, de ciudadanos en situación de vulnerabilidad y de un Estado dispuesto a convertir el sufrimiento en capital político.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.