Descentralizar para reconstruir

Hay una causa que no es abstracta, que no se queda en consignas, que no depende únicamente de Caracas y que puede convocar a líderes, ciudadanos, universidades, empresarios, organizaciones sociales y partidos políticos de todo el país. Esa causa existe y está escrita en la Constitución: reconstruir el Estado federal descentralizado. Esta puede ser una tarea que dinamice y consolide la tan anhelada transición. 

La descentralización no es una moda administrativa ni un capricho técnico. Fue una de las grandes transformaciones democráticas de la Venezuela contemporánea. A partir de 1989, con la elección directa de gobernadores y alcaldes, el país abrió el juego político. Se rompió, al menos parcialmente, el monopolio de la capital sobre el poder. Surgieron liderazgos regionales. Los estados y municipios comenzaron a competir por gestión, por ideas, por obras, por resultados. La política dejó de ser únicamente un asunto de cúpulas nacionales y empezó a tener rostros, acentos, prioridades y agendas propias en cada región.

La descentralización permitió que el debate político nacional se enriqueciera con lo que ocurría en Carabobo, Zulia, Lara, Táchira, Nueva Esparta, Bolívar, Mérida, Sucre o Miranda. Permitió comparar gestiones. Permitió que algunos alcaldes y gobernadores se convirtieran en referencias de buena administración. Permitió ver casos exitosos de gestión pública, manejo responsable de recursos, recuperación urbana, seguridad ciudadana, vialidad, salud, educación y servicios. No todo fue perfecto, por supuesto. Pero sí fue mejor que el centralismo asfixiante que vino después.

El centralismo destruye porque aleja el poder de la gente. Cuando todas las decisiones se toman desde el centro, los problemas concretos de cada ciudad y cada pueblo se vuelven expedientes olvidados. Una carretera rota en la frontera, un ambulatorio sin insumos en los Andes, un puerto abandonado en Oriente, una escuela deteriorada en los Llanos o una comunidad sin agua en Petare terminan dependiendo de un ministerio lejano, saturado, partidizado y muchas veces indiferente. El resultado es parálisis, frustración y abandono.

La descentralización, por el contrario, acerca las soluciones a los ciudadanos. Obliga a que quien gobierna esté cerca del problema y de la gente que lo padece. Hace posible que cada comunidad defina sus prioridades porque democratiza el gasto y esa experiencia es la que ha transformado a las ciudades del resto de América Latina mientras que nuestras ciudades parecen, hoy, pueblos fantasmas. 

Además, la descentralización puede cumplir una función política decisiva en un país empobrecido, aislado e incomunicado. Hoy moverse por Venezuela es difícil y costoso. Muchos medios regionales han desaparecido o han sido debilitados. El debate público está concentrado, fragmentado o sometido al miedo. En ese contexto, una política nacional de descentralización puede dinamizar la conversación política en las regiones. Puede obligar a discutir qué necesita cada estado, qué puede producir cada ciudad, qué servicios deben transferirse, qué impuestos deben recaudar los municipios, qué obras son prioritarias y qué responsabilidades debe asumir cada nivel de gobierno.

Ese debate tendría una virtud adicional: pondría a trabajar juntos a actores distintos. Dirigentes políticos, técnicos, empresarios, universidades, organizaciones sociales, vecinos, gremios y especialistas podrían encontrarse alrededor de objetivos concretos. La descentralización puede ser una bandera amplia, vistosa y profundamente nacional. Una bandera capaz de sumar a gente de distintas tendencias porque no pregunta primero por ideología, sino por responsabilidad: ¿quién puede resolver mejor este problema?, ¿desde dónde debe tomarse esta decisión?, ¿cómo acercamos el poder al ciudadano?. 

La descentralización también es indispensable para volver a conectar a Venezuela con el mundo. En una economía global marcada por el comercio, la logística, la inversión, el nearshoring y la integración regional, los estados fronterizos y portuarios no pueden seguir esperando instrucciones desde Caracas. Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y los demás estados con vocación de intercambio deben poder desarrollar mejor sus carreteras, puertos, aeropuertos, pasos fronterizos, zonas productivas y capacidades logísticas. Integrarnos con Colombia, Brasil, el Caribe y el resto de América Latina requiere territorios activos, no regiones subordinadas y paralizadas.

Un verdadero Estado federal permitiría que las regiones compitan y cooperen. Que unas apuesten por turismo, otras por agroindustria, otras por energía, comercio, tecnología, servicios, manufactura, logística o educación. Que cada estado descubra su vocación productiva y pueda atraer inversión. Que los municipios simplifiquen permisos, ordenen tributos, faciliten emprendimientos y creen condiciones para que la gente produzca. La libertad económica también necesita territorio. No hay mercado nacional dinámico si las regiones están bloqueadas por el centralismo.

Pero hay otra razón estratégica: descentralizar ayudaría a descargar al gobierno nacional que nazca de una transición democrática. Ese gobierno tendrá tareas enormes: estabilizar la moneda, ordenar las cuentas fiscales, reconstruir el sistema de justicia, recomponer las fuerzas armadas, recuperar el monopolio de la violencia legítima, renegociar relaciones internacionales, atender una emergencia social y restaurar instituciones básicas. Si además pretende resolver desde Caracas cada problema local de educación, salud, vialidad, transporte, seguridad ciudadana, servicios públicos y desarrollo urbano, terminará fracasando.

La transición necesita un gobierno nacional fuerte en lo que debe ser fuerte: justicia, moneda, defensa, relaciones exteriores, reglas macroeconómicas, derechos fundamentales e instituciones nacionales. Pero necesita también gobiernos regionales y locales fuertes en aquello que deben asumir: servicios, gestión territorial, infraestructura cercana, desarrollo local, seguridad ciudadana, mantenimiento urbano, atención primaria, permisos, tributos locales y participación ciudadana.

Eso exige una nueva arquitectura fiscal. No puede haber descentralización real si estados y municipios dependen casi por completo del situado constitucional o de transferencias discrecionales. Hay que avanzar hacia modelos que permitan recaudar más y mejor en el territorio, con transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas. Cada bolívar o dólar recaudado localmente debe estar conectado con resultados visibles. La autonomía fiscal no es una licencia para el desorden; es una escuela de responsabilidad pública.

Venezuela tiene que volver a creer en sus regiones. Tiene que dejar de mirar al país como una periferia administrada desde la capital. La República no se reconstruirá únicamente con decretos nacionales. Se reconstruirá cuando en nuestras ciudades y pueblos haya gente capaz de decidir, exigir, emprender, gobernar, fiscalizar y participar. Un modelo verdaderamente federal permitirá desparramar, por toda la geografía nacional, la tan anhelada transición y la reconstrucción institucional del país. 

La descentralización fue una gran transformación en 1989. Puede volver a serlo ahora y un nuevo parlamento tendrá un rol crucial en introducir estas reformas. Pero esta vez debe ir más lejos. La descentralización debe ser fiscal, política, administrativa, judicial y productiva. Debe abrir el juego. Debe sembrar democracia. Debe liberar energías locales. Debe permitir que Venezuela vuelva a ser una república de ciudadanos, de regiones vivas y gobiernos responsables.