La red de lobistas e influencers que intentó frenar las sanciones contra Venezuela

En marzo de 2025, una factura por $422.500 llegó a manos de un grupo de inversores. El destinatario era Forward Global, una firma de relaciones públicas con sede en París. Detrás del pago había una lista de intereses dispersos: una petrolera estadounidense, una refinería en Curazao, fondos de cobertura en Londres y en Suiza, y una empresa en Taiwán. El dinero financiaría una campaña para convencer a la administración Trump de suavizar su política hacia el régimen de Nicolás Maduro. Una investigación publicada por POLITICO, basada en mensajes internos, registros bancarios y calendarios personales, reconstruye cómo funcionó esa operación, quiénes la dirigieron y por qué fracasó.

La figura central de la historia es Harry Sargeant III, un empresario de 68 años radicado en Florida con décadas de inversiones en Venezuela. Sargeant construyó su fortuna en el negocio del asfalto, y Venezuela era su principal fuente de crudo amargo necesario para producirlo. A lo largo de los años cultivó relaciones directas con funcionarios en Caracas y, según POLITICO, llegó a tener suficiente cercanía con Maduro como para que el mandatario lo llamara «abuelo» en sus conversaciones privadas.

Harry Sargeant, el cerebro

Cuando Trump anunció que Marco Rubio sería su secretario de Estado, Sargeant anticipó que sus inversiones podían verse en riesgo. Desde hace décadas, Rubio era uno de los promotores más activos de una política de sanciones duras contra Venezuela. Junto con su aliado Mauricio Claver-Carone, había sido uno de los arquitectos de la estrategia de “máxima presión” durante el primer mandato de Trump. La posterior designación de Claver-Carone como enviado especial para América Latina confirmó para Sargeant que enfrentaba  una amenaza directa contra sus negocios.

Durante ese primer mandato, las sanciones promovidas por esa misma línea habían paralizado las operaciones de Sargeant en Venezuela. Sin acceso a crudo venezolano, sus activos en el país quedaron inmovilizados durante años. Solo en mayo de 2024, bajo la administración Biden, Sargeant había recuperado su licencia del Tesoro para reanudar las exportaciones de petróleo y, en pocos meses, había cerrado un acuerdo con PDVSA por 570.000 barriles de asfalto. Todo eso podía desaparecer si Rubio y Claver-Carone volvían a imponer la misma política de sanciones máximas. 

Sargeant identificó a Richard Grenell, el otro enviado especial de Trump para «misiones especiales», como una posible solución a sus problemas. Grenell era más pragmático, inclinado a los acuerdos comerciales frente a la presión política. Si Grenell pudiera eclipsar a Rubio en la gestión de la política venezolana, los negocios de Sargeant estarían más seguros.

Para lograrlo, Sargeant necesitaba a alguien con acceso directo a Grenell. 

Aaron Schock, el operador embelesado con oro

Aaron Schock fue uno de los políticos republicanos más prometedores de Illinois. Entró al Congreso en 2009, a los 27 años, como el primer millennial en hacerlo, y durante años fue considerado una estrella en ascenso de su partido. En 2015 renunció en medio de un escándalo de gastos, que incluía acusaciones de haber redecorado su oficina en el Capitolio inspirándose en una serie de televisión británica ambientada en el siglo XIX. Los cargos federales posteriores concluyeron en 2019 con un acuerdo que evitó el juicio.

Para Sargeant, su valor radicaba en el acceso directo a Grenell. Se había integrado a un pequeño pero activo círculo de republicanos gay en Washington, donde forjó una amistad con el enviado especial, reporta POLITICO. Por eso Sargeant lo contrató para su operación.

El excongresista recibió $100.000 de Sargeant por realizar “consultoría estratégica”, según confirmó el abogado del empresario a POLITICO. Su primera tarea fue facilitar la visita de Grenell a Caracas en enero de 2025. Viajó a Venezuela y se reunió con Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta del país. Fue durante ese encuentro, según su excolaborador Benjamin Papermaster, cuando Rodríguez le ofreció una concesión para la extracción de metales preciosos si lograba que Washington levantara las sanciones.

La promesa lo transformó. Según Papermaster, pasó meses obsesionado con los detalles logísticos del negocio.

Forward Global y los influencers, el músculo

La herramienta central de la operación fue Forward Global, una firma de relaciones públicas parisina que prometía acceso a figuras influyentes de la coalición conservadora estadounidense. La firma cobró $422.500 por la primera fase del trabajo, según la factura fechada el 26 de marzo de 2025.

Su estrategia tenía dos capas: una intelectual, orientada a producir artículos de opinión firmados por figuras respetables en Washington, y otra de amplificación, basada en influencers de redes sociales que distribuían esos mensajes a audiencias masivas.

La capa intelectual fue organizada principalmente por Hans Humes, director ejecutivo de Greylock Capital Management, una firma de gestión de activos con sede en Nueva York. Humes presidía el «comité de tenedores de bonos» de Venezuela, un grupo de fondos de inversión que adquirió deuda soberana venezolana a precio de descuento tras la cesación de pagos del país en 2017. Esa deuda, hoy estimada en $150.000 a $170.000 millones en total, solo se convierte en una ganancia real si la economía venezolana se estabiliza y el país retoma el servicio de su deuda.

Por eso Humes tenía un interés directo en que Washington adoptara una postura más conciliadora con Caracas. Fue él quien creó el chat de Signal en el que se coordinaba el grupo y quien animó a otros inversores a aportar dinero a Forward Global.

Para darle credibilidad a los artículos que redactaba Forward Global, Humes incorporó a Juan González, quien había sido director del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional durante el gobierno de Joe Biden. González, contratado por Greylock Capital para realizar análisis geopolítico, editó columnas de  opinión que luego hacía firmar Forward Global a figuras prominentes de Washington.

El ejemplo más llamativo es un artículo del 24 de abril de 2025 en Fox News, firmado por el exasesor de seguridad nacional de Trump, Robert O’Brien, en el que argumentaba que Estados Unidos necesitaba un acuerdo con Venezuela. Ese texto fue elaborado por Forward Global y editado por González.

También participó en la edición de esos borradores Elías Ferrer, analista español residente en Venezuela y fundador de Orinoco Research y del portal digital Guacamaya, que se presenta como un medio independiente. Ferrer aportaba un contexto local a los textos producidos en París y en Washington.

Forward Global llegó al proyecto con una lista de voces conservadoras con audiencias masivas a las que prometía acceder. Los casos mejor documentados son los de Ryan Fournier, cofundador de Students for Trump, y de Juanita Broaddrick, conocida en círculos conservadores por sus acusaciones históricas contra Bill Clinton. Ambos formaban parte del retainer de influencers de Forward Global. Cada publicación era reportada por empleados de Forward Global a un chat de WhatsApp compartido con Schock. La firma recibió $15.000 por gestionar esa red de influencers.

La figura más llamativa fue Laura Loomer, una influencer de extrema derecha con millones de seguidores. En mayo de 2025, Loomer publicó una serie de mensajes que apoyaban las posiciones de Grenell sobre Venezuela y atacaban directamente a Claver-Carone.

Un operador de Forward Global reportó al grupo: «Loomer lo está haciendo prácticamente gratis… nos está dejando guionarla ahora.» En agosto de 2025, Loomer citó un reportaje de Guacamaya sobre los vuelos de deportación entre Estados Unidos y Venezuela como una muestra de cooperación y buena voluntad por parte de Maduro.

Detrás de esa maquinaria había dinero, y parte de ese dinero provenía de Chevron. La empresa aportó $100.000 a la campaña, pero enfrentaba un problema a contrarreloj. Su licencia para operar en Venezuela vencía el 27 de mayo de 2025. Esas licencias, emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense (OFAC), son permisos que permiten a empresas específicas hacer negocios en Venezuela pese a las sanciones. Bajo su licencia, Chevron producía aproximadamente 200.000 barriles diarios, lo que representaba alrededor de un cuarto de la producción total del país.

Los documentos revisados por POLITICO muestran que ejecutivos de Chevron mantuvieron reuniones regulares con Schock mientras la campaña estaba activa. La licencia no se renovó. Rubio anunció su expiración antes de que venciera el plazo.

El ocaso de la operación

La campaña alimentaba una disputa dentro de la administración Trump. Rubio representaba la línea dura. Grenell representaba la línea pragmática. Sargeant apostó todo a Grenell.

No obstante, Rubio ganó. Acumuló poder. Asumió también el cargo de asesor interino de seguridad nacional, reencuadró la narrativa venezolana desde el socialismo autoritario hacia el narcotráfico y logró que la Casa Blanca respaldara una respuesta más agresiva. Mientras tanto, Grenell fue designado para supervisar el Centro Kennedy para las Artes en Washington D.C.

El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo una operación nocturna en Caracas y capturaron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a una prisión en Nueva York. Delcy Rodríguez, la misma funcionaria que habría prometido la mina de oro a Schock, asumió la presidencia interina de Venezuela. Estados Unidos restableció las relaciones diplomáticas con el régimen de Rodríguez en marzo de 2026.

Sargeant perdió su licencia del Tesoro en marzo de 2025 y, hasta el momento del reportaje, no la había recuperado. Forward Global cerró el proyecto. Schock no tiene mina de oro. Papermaster, el colaborador que terminó defraudado y sin cobrar, resumió para POLITICO la experiencia de toda la operación: «La narrativa que me vendieron era engañosa. Me dijeron que esto era ‘America First’, que era por el pueblo venezolano. En realidad, era para llenar los bolsillos de Aaron Schock y Harry Sargeant».