La panadería de Manuel Andrade en los años 1990.

El duelo interminable de Manuel Andrade por Mansion’s Bakery, la panadería que el gobierno le arrebató

Nueve años después de la “intervención” de Mansion’s Bakery, la familia Andrade sigue a la espera de justicia. Lo que comenzó como una “fiscalización” en medio de la “guerra del pan” de Maduro terminó con la pérdida de un patrimonio familiar, el deterioro de la salud de su propietario y una batalla legal que, pese a las sentencias favorables, no ha servido de mucho.

La vieja frase dice que “lo material se recupera”, pero hasta ahora esa premisa no aplica para Manuel Andrade. Quedó sin efecto desde el día en que una orden emanada desde la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) lo despojó de su patrimonio: la panadería Mansion’s Bakery.

El 16 de marzo de 2017, la panadería ubicada en la avenida Baralt de Caracas fue “intervenida” a plena luz del día por un “colectivo cultural” que llegó con una presunta orden de ocupación de la Sundde y en compañía de Carolina Cestari, figura política cercana a Cilia Flores y, en ese momento, jefa de Gobierno del Distrito Capital.

La panadería Mansion’s Bakery durante los primeros días de la toma

Esa misma noche, vecinos de la comunidad protestaron frente al negocio en apoyo a sus propietarios, a quienes llamaron para contarles cómo veían a estas personas sacar la mercancía y la maquinaria. No sirvió de nada. En poco tiempo, los ocupantes cambiaron el nombre de la panadería a “La Minka”, así como el rótulo de la fachada y toda la identidad gráfica que identificó al local durante 50 años.

Una historia de migración

—Cuando mi papá llegó de Portugal, llegó con una mano adelante y otra atrás. Su primer empleo fue en esa panadería, que luego, con los años, logró comprar. Ese ha sido su único trabajo. Ahora no tiene nada—, cuenta Manuel Andrade (hijo), quien apenas cumplió los 18 años pasó a trabajar en Mansion’s Bakery, hasta que su padre le soltó las riendas y quedó a cargo del negocio durante 12 años.

Manuel Andrade (derecha) junto a un empleado de la panadería

Desde la pérdida de la panadería, la alegría se volvió esquiva para su papá. Hoy, con 75 años, pasa los días sentado en la sala de su casa, mirando por la ventana en busca de la luz del día, pero poco más que eso. Su salud se ha deteriorado y su ánimo se ha ido apagando. Desde 2017 sufrió un infarto, fue sometido a una operación de corazón abierto y, debido a complicaciones derivadas de la diabetes, le amputaron un pie.

—Mi papá tenía seguro médico, pero ahora no tenemos cómo pagarlo.

La última vez que Manuel vio llorar a su padre fue hace pocas semanas, durante una reunión de comerciantes y empresarios en el Consulado de Portugal en Caracas, donde varias personas compartieron historias similares a la que vivieron los Andrade a manos del gobierno. A medida que Manuel (padre) hablaba, las lágrimas comenzaron a quebrarle la voz, hasta que no pudo más.

—Fue una mala decisión llevarlo a esa reunión, se puso demasiado triste.

Manuel Andrade en la actualidad

El ataque a la propiedad privada fue una práctica que los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro ejecutaron sin titubeos. El Observatorio de Derechos de Propiedad del Centro de Divulgación del Conocimiento Económico registra al menos 279 intervenciones y 106 expropiaciones sin indemnización realizadas por el Gobierno nacional entre 2012 y 2021, pero también se habla de unas 1.000 empresas confiscadas y al menos 3 millones de hectáreas agrícolas ocupadas durante los últimos 27 años.

“La guerra del pan”

En 2017, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a los dueños de panaderías de encabezar lo que denominó la “guerra del pan”. Los señaló por especulación, acaparamiento, boicot y alteración fraudulenta de la mercancía. Para entonces, el país ya atravesaba una profunda crisis económica marcada por una inflación desbordada y por la escasez de medicinas, productos de higiene personal y alimentos básicos, como el maíz y el trigo, cuya importación depende del Estado y que son materia prima indispensable para la elaboración del pan.

Días antes de la toma de la panadería, la Sundde ejecutó una fiscalización en la cual fueron multados por una supuesta irregularidad en el peso del pan.

—Esa fue la única excusa: que le faltaban 10 gramos al pan francés. Se suponía que la panadería estaría cerrada por tres días (…) Nosotros nunca dejamos de tener pan. Creemos que por eso pasó lo que pasó, debido a la cantidad de pan que hacíamos. Siempre buscábamos trigo entre panaderías de gente conocida: nos prestaba el primo, el tío, el amigo, el conocido, pero siempre luchamos por tener pan porque, si no, dejábamos de vender.

Durante la toma, los Andrade no estuvieron presentes. Según los relatos de algunos empleados, Carolina Cestari y el grupo que la acompañaba repetían que la panadería pasaría a manos de la comunidad. En medio del caos, el encargado de la tienda se resistió a abandonar el lugar y recibió un golpe en la cabeza con un arma.

“Dile a los dueños que no aparezcan porque hasta se los pueden llevar presos”, le advirtieron.

Manuel (padre) no supo de inmediato lo que había ocurrido. Su familia optó por contárselo poco a poco: tenían miedo de que su salud se viera comprometida. Han pasado los años y cada vez que Manuel visita a su papá reaparece el tema de la panadería y vuelve la frustración: “¿cómo va el caso?”, “¿por qué no se resuelve?”, “¿por qué a nosotros?”, “¿qué hicimos mal?”.

—Ese local significa familia. Lo es todo, y se me eriza la piel cuando lo digo.

Delcy, seguidora de la panadería

Uno de los 761 seguidores del perfil de Instagram de la actual gestión de la panadería es Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país. Ella misma visitó el local en agosto de 2025. Lo hizo durante la noche y en compañía de su equipo de seguridad. En total, el perfil tiene 43 publicaciones. Una de ellas es un video de la visita de Rodríguez.

El local, ubicado en la avenida Baralt, durante el año 2012

—Mira, ¿y ustedes qué? ¿Nacieron en 2017?—, pregunta Delcy.

—En 2018 nosotros intervenimos esta panadería por medio de una cláusula de la Sundde, de cierre temporal—, contesta José Solórzano, quien ha estado encargado de la panadería desde la toma en 2017.

—Ustedes también son hijos de la guerra económica—, vuelve a responder Delcy.

La justicia ya habló

Los Andrade acumulan cinco sentencias a su favor emitidas desde los tribunales: amparo cautelar, ejecución voluntaria, comprobación de pruebas, ejecución forzosa y sentencia con lugar definitivo. Además, el caso pasó a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el expediente 2020-00337, donde —asegura Manuel— la familia ha sido tratada con amabilidad.

José Solórzano, vocero del colectivo que tomó la panadería, durante una entrevista en 2017 – Captura de pantalla

—Nos dicen “fe y paciencia, eso va a salir”, pero más nada, y con fe y paciencia no resuelvo los problemas de salud de mi papá. Hemos hecho tres intentos para que nos entreguen la panadería, pero Carolina Cestari no deja que uno entre allí. Incluso fuimos con el juez ejecutor y esa gente lo amenazó (…) Es un tema político, es la única explicación que hay.

En febrero de 2026, los Andrade decidieron volver a visibilizar su caso y abrieron un perfil en TikTok donde comparten información sobre el proceso judicial y las sentencias relacionadas con la toma del local.

Durante nueve años optaron por el silencio y por llevar la disputa únicamente a través de los mecanismos legales, pero ahora decidieron aprovechar la apertura que llegó con el 3 de enero y el supuesto “nuevo momento político” que, según el gobierno, atraviesa el país.

—Como ahora la gente puede hablar un poquito más, lo estamos intentando a ver si llega a los oídos correctos. Lo único que pedimos es que nos regresen nuestro local. Pedimos justicia y que se cumpla la orden del tribunal.

La opinión emitida en este espacio refleja únicamente la de su autor y no compromete la línea editorial de La Gran Aldea.