El BCV y la rendición de la institucionalidad

Podemos ver la historia económica reciente de Venezuela a través de lo sucedido con su moneda. Para quienes seguimos de cerca la dinámica financiera, no como un frío dato macroeconómico, sino como un elemento vital de una sociedad, el estado actual del Banco Central de Venezuela (BCV) es algo mucho más grave que una crisis técnica. Viene a representar la rendición total de la institucionalidad ante el poder político. Tras casi tres décadas de transformaciones, el instituto emisor ha dejado de ser el guardián del valor de nuestro trabajo, para convertirse en un apéndice pasivo, un brazo ejecutor del Ejecutivo Nacional cuya funcionalidad como autoridad monetaria es, hoy por hoy, prácticamente nula.

Hablar hoy de la autonomía del BCV es referirse a una ficción jurídica. La institución opera bajo una lógica de subordinación absoluta que ha vaciado de contenido su razón de ser. En la práctica, el BCV no funciona como un banco central en el sentido moderno del término, no diseña una política monetaria orientada a la estabilidad de precios, sino que administra el financiamiento monetario según las urgencias de la Tesorería Nacional.

Este déficit funcional se manifiesta en cómo la autoridad monetaria ha renunciado a sus herramientas tradicionales, como las operaciones de mercado abierto o el manejo de tasas de interés, para centrarse casi exclusivamente en la intervención cambiaria y un encaje legal asfixiante. 

La ruta del desmantelamiento

Para entender este presente de postración, debemos mirar el retrovisor de estos últimos 28 años. El proceso de desarticulación del BCV no fue fortuito, fue una desmontaje controlado por etapas legales y, sobre todo, por la captura de su gobernanza.

Un hito olvidado pero crucial fue el cambio en la estructura del Directorio. Bajo la Ley de 1992, los directores gozaban de períodos de seis años, pero estos eran escalonados. Esta arquitectura evitaba que un solo gobierno pudiera cambiar a todo el Directorio de golpe, forzando una convivencia técnica que trascendía los ciclos electorales. Con la Constitución de 1999 y reformas posteriores, este blindaje empezó a agrietarse, permitiendo que la designación presidencial ganara peso frente a la idoneidad técnica. El golpe final ocurrió en 2015, cuando mediante decreto se permitió la remoción discrecional de directores por parte del Ejecutivo. Al perder la estabilidad en el cargo, el Directorio dejó de ser un cuerpo técnico para convertirse en un grupo de funcionarios sujetos a la voluntad política inmediata.

En paralelo, se atacó la solvencia. El punto de quiebre fundamental lo ubicamos en 2005, con la creación del concepto de «reservas excedentarias» y el nacimiento del FONDEN. Antes de ese año, el BCV tenía prohibido financiar el gasto del Gobierno. Sin embargo, la reforma de 2005 permitió que el Ejecutivo decidiera qué nivel de reservas era «adecuado», obligando al banco a transferir el excedente para un gasto discrecional y opaco.

Posteriormente, la reforma de 2010 selló el destino del bolívar al permitir que el BCV comprara títulos de PDVSA. El banco comenzó a emitir dinero de la nada para cubrir los huecos de la estatal petrolera. Esta «emisión primaria» fue la mano que abrió las puertas para la hiperinflación. Cuando la política de personal y la política monetaria se subordinan al desorden fiscal, la moneda deja de ser un depósito de valor para convertirse en una simple promesa rota.

La moneda como bien público y derecho ciudadano

¿Cuál debería ser, entonces, el papel de un Banco Central en una Venezuela recuperada? La respuesta debe estar ceñida al ciudadano como centro, un BCV funcional debe entender que la estabilidad de precios es un derecho de cada venezolano. La inflación no es solo un fenómeno monetario, es un mecanismo de transferencia de riqueza desde los sectores más humildes hacia los estratos que poseen activos duros.

Un BCV funcional actúa como la cabeza pensante de la economía. Su misión es garantizar que el dinero que tenemos en nuestros bolsillos mantenga su poder de compra en el tiempo. En una fase de recuperación nacional, un funcionamiento técnico y transparente sería el motor principal para atraer la inversión. Nadie invierte en un país donde la moneda es un ente impredecible manejado por la discrecionalidad de los políticos.

Una transición basada en la credibilidad

No podemos esperar que la misma inercia que nos trajo aquí sea la que nos saque. Para rescatar al BCV de su actual estado de postración debemos seguir la siguiente ruta:

En primer lugar, dada la profunda fractura de confianza, el nuevo Directorio del BCV debe ser fruto de un acuerdo político de alto nivel que cuente con la mediación de actores internacionales, específicamente los Estados Unidos. Esto es imperativo. En la Venezuela actual, la firma de un funcionario local carece de respaldo ante los mercados globales. Un acuerdo mediado externamente funciona como una especie de reputación endosada inicial, protegiendo a los directivos de las presiones partidistas.

Este Directorio debe estar conformado por profesionales probos, cuya carrera técnica sea incuestionable. No necesitamos militantes, sino economistas que entiendan la arquitectura de un sistema de precios y de la estabilidad de la moneda. Este paso sería la señal más potente de que la transición va por buen camino, enviando un mensaje claro al mundo: «Venezuela ha decidido que su política monetaria vuelva a ser un asunto de ciencia y responsabilidad».

En segundo lugar, una vez establecido este Directorio «puente», las instituciones legítimas, es decir una Asamblea Nacional y un Ejecutivo convalidados y legitimados, deberán, por un lado, derogar todas las reformas legales regresivas para reinstaurar un marco normativo que garantice la autonomía y la funcionalidad real del BCV, y por el otro, ratificar o renovar a estos miembros siguiendo los procesos constitucionales. Esto permitiría transitar desde una legitimidad de «emergencia» hacia una institucional plena, restaurando los períodos escalonados y la inamovilidad de los directores por razones técnicas.

Finalmente, esta nueva gerencia debe ejecutar una hoja de ruta que contemple la prohibición absoluta del financiamiento al sector público, para que ni PDVSA ni el Tesoro Nacional vuelvan a usar al BCV como caja chica, la restitución de la transparencia estadística total mediante la publicación rigurosa del PIB, la inflación y la balanza de pagos y las demás variables económicas, y la reducción gradual del encaje legal para que el crédito vuelva a ser el combustible de la microempresa venezolana.

Un optimismo basado en las reglas

Reconstruir lo que tomó décadas destruir es una tarea titánica. Sin embargo, mantengo un optimismo cauteloso sobre nuestra capacidad para instaurar las reglas del juego.

Quisiera ver al Banco Central de Venezuela no como un brazo financiero de una ideología, sino como el espacio institucional donde se proteja el esfuerzo de todos. Si logramos blindar su autonomía bajo un acuerdo de profesionales capaces, habremos dado el primer gran paso para una Venezuela próspera.