Magaly Vásquez, la transición y cuando el mejor currículum no parece alcanzar

Cuando una sociedad comienza a reconstruir sus instituciones, lo mínimo que puede hacer es poner a los mejores en los lugares donde más se necesitan. Esa lógica, que parece elemental, es precisamente la que está en entredicho con lo que parece estar ocurriendo con la postulación de Magaly Vásquez a la Fiscalía General de la República.

Vásquez no era una candidata cualquiera. Penalista con más de tres décadas de experiencia, directora de la Escuela de Derecho de la UCAB, co-redactora del Código Orgánico Procesal Penal de 1998 y de la Ley contra Delitos Informáticos, profesora en varias universidades y, desde 2024, la primera mujer especialista en derecho penal incorporada como individuo de número a la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

Hay una coherencia casi perfecta entre su trayectoria y lo que necesita un Ministerio Público que tiene que reconstruirse desde adentro. No es un detalle menor que haya sido co-redactora del propio sistema que ahora tendría que defender. 

Por eso resultó significativo cuando la UCAB y la UNIMET anunciaron su respaldo a la postulación, una señal de que un sector del país, con peso institucional real, decidió participar activamente en la reconfiguración del Estado venezolano. Una apuesta por la vía institucional como forma de incidencia, que merece ser reconocida por lo que fue: una demostración de que la sociedad civil está dispuesta a asumir su parte en esta transición.

Esa apuesta, sin embargo, parece haber encontrado una pared. La postulación de Magaly Vásquez está siendo descartada por el Rodrigato y los actores nacionales e internacionales vinculados al proceso. Hasta ahora, nadie ha dado una explicación satisfactoria. Probablemente porque no la hay, o porque la que existe no resistiría el escrutinio público.

Aquí vale también una pregunta hacia Washington: el gobierno estadounidense ha invertido años y recursos considerables en la causa democrática venezolana. Ha demostrado tener criterio para imponer sanciones, para negociar licencias y para diseñar hojas de ruta. Cuesta entender que en todo ese acompañamiento no quepa al menos una pregunta incómoda: ¿por qué no va Magaly Vásquez?

Porque el problema no es solo su no designación. El problema es lo que esta decisión dice sobre el carácter de la transición en marcha. Si el proceso no es capaz de colocar a los más preparados en los cargos donde más se los necesita, entonces la pregunta obligada es qué lógica está operando.

Debemos pensar que las transiciones no se legitiman solo por desplazar a quienes estaban antes, si no por la calidad de lo que comienzan a construir después. Esa calidad se mide, entre otras cosas, en decisiones como esta.

Como país no podemos darnos el lujo de reproducir, con otras caras, la misma cultura institucional que destruyó nuestra democracia. Una Fiscalía General reconstruida sobre criterios de cuotas, equilibrios y lealtades políticas resulta ser el mismo problema con distinto nombre.

La transición le debe al país una explicación como ejercicio de la transparencia que dice representar. ¿Por qué no Magaly Vásquez? Es una pregunta simple. La respuesta, si existe, debería poder decirse en voz alta.