Élites, rentismo y el arduo camino hacia la reinstitucionalización

Estamos atravesando días que desafían cualquier modelo predictivo o de análisis medianamente normal. Apenas a unas semanas del 3 de enero de 2026, los venezolanos nos encontramos navegando en las aguas turbulentas de una transición política y económica que no fue producto de un pacto social interno, sino de una intervención extranjera. Hoy, observamos a una administración interina operando bajo una inmensa vulnerabilidad institucional y un régimen de tutela foránea, intentando gestionar los restos de un país duramente golpeado en las últimas décadas.

Aquí resulta imprescindible rescatar la aguda y siempre vigente observación del sociólogo venezolano Ramón Piñango, quien ha señalado incansablemente una verdad que hoy resuena con crudeza: el gran drama de nuestras clases dirigentes ha sido su alarmante falta de creatividad, su desconexión y su incomprensión de que «estar bien en un país que está mal, es una ficción». Nuestras élites intentaron, década tras década, construir frágiles burbujas de prosperidad privada mientras el edificio institucional de la República se desmoronaba irremediablemente bajo sus pies.

Frente a este severo diagnóstico macroeconómico y social, es imperativo elevar la mirada más allá de la angustia de la coyuntura diaria. Para comprender cómo llegamos a este grado de fragilidad, debemos examinar los mecanismos que nos llevaron hasta este punto. Uno de ellos es, sin duda, el comportamiento histórico, la composición y el colapso ético de nuestras élites.

El espejismo rentista y la mutación de las élites

La economía es el reflejo directo de los incentivos institucionales y de las decisiones de quienes ostentan el poder. Si analizamos la trayectoria de las últimas seis décadas, constatamos empíricamente que la tragedia venezolana no es un accidente del destino, sino el resultado ineludible del aislamiento sociológico y la degeneración de sus élites.

Durante el largo periodo puntofijista, la élite económica tradicional forjó un modelo fundamentado casi exclusivamente en la captura de la renta petrolera administrada por el Estado. A diferencia de países vecinos que, ante la carencia de un recurso de tal magnitud, se vieron forzados a desarrollar un tejido manufacturero e industrial endógeno y competitivo, en Venezuela el incentivo perverso fue siempre el acceso a «dólares baratos». La meta no era la innovación o la productividad, sino financiar importaciones masivas, propiciando una cultura destructiva de fuga de capitales que comprometió el futuro productivo del país.

La ironía histórica, y quizás la paradoja más dolorosa que hemos padecido como sociedad, es que el movimiento chavista, que logró capitalizar el profundo resentimiento social presentándose como la antítesis de esa élite desconectada, terminó exacerbando los males del Estado rentista a niveles inéditos. Al amparo de un modelo hegemónico, fuimos testigos del surgimiento acelerado de una nueva élite económica con lazos estrechos con las élites políticas: la boliburguesía.

Esta nueva red empresarial no prosperó mediante la asunción de riesgos en el libre mercado, ni por su competitividad. Su rápido ascenso fue el producto de una dependencia de la actividad estatal, alimentada por sistemas de control de cambio corruptos y la adjudicación directa de multimillonarias contrataciones públicas. La autodenominada revolución, en su afán retórico por emancipar a las bases, engendró una clase gobernante, dedicada a la extracción de rentas y profundamente impopular, que solo logró sostenerse mediante la asfixia institucional.

El dolor del reajuste, la fuerza armada y el rol ineludible de la sociedad civil

Detrás de las frías cifras de contracción del Producto Interno Bruto y del colapso operativo de la industria petrolera, existe un inmenso y prolongado costo humano. Las familias venezolanas son las que han soportado sobre sus hombros el peso abrumador de la hiperinflación, la destrucción sistemática del salario y la precarización absoluta de los servicios de salud y educación.

Hoy, bajo la estricta vigilancia de Washington, observamos la imposición de una apertura macroeconómica forzosa. La nueva Ley de Hidrocarburos, aprobada a finales de enero de 2026, rompe el monopolio histórico del Estado sobre PDVSA y permite el acceso directo a corporaciones transnacionales y otras empresas privadas para la extracción. Para mitigar la desconfianza, se ha diseñado un mecanismo de fondos controlados por la administración estadounidense, que busca garantizar que los ingresos generados se destinen, de forma auditable, a la importación crítica de alimentos, medicinas y la restitución paulatina de los salarios de los servidores públicos.

Paralelamente, observamos un reacomodo táctico de las fuerzas de seguridad. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), que operó como el pilar central del régimen anterior, ha mostrado un pragmatismo inicial después del 3 de enero. Sin embargo, el rol histórico innegociable que deben asumir en la nueva era es su despolitización progresiva, el retorno definitivo a los cuarteles y la subordinación integral al poder civil. Su intervención técnica es, además, apremiante para neutralizar y desarmar a los múltiples actores armados no estatales y megabandas que han fracturado el control del territorio nacional.

Pero debemos tener una claridad absoluta: la estabilización-recuperación de los ingresos petroleros, la llegada de divisas extranjeras y el silencio de los fusiles no garantizan, por sí solas, la democratización genuina del país. Es aquí donde la élite intelectual y la sociedad civil organizada deben dar un paso al frente para erigirse como el contrapeso ético indispensable del poder constituido.

Frente al riesgo evidente de que esta transición termine en un simple cambio de rostros que preserve la opacidad, las universidades autónomas, los gremios de investigadores y las redes de ONG, tienen el deber insustituible de auditar cada decisión. Los acuerdos propuestos desde la sociedad civil no son meras sugerencias poéticas; son exigencias procedimentales ineludibles para lograr la liberación de los presos políticos, la derogación de leyes represivas y la gestión transparente de la crisis humanitaria. Nosotros, como sociedad civil, no podemos permitirnos el lujo de ser espectadores pasivos en la reconfiguración de nuestro propio destino.

La reconstrucción productiva

Revertir la profunda destrucción de la riqueza nacional y controlar de forma sostenida una espiral de precios tan agresiva requerirá, sin duda alguna, un trabajo técnico arduo y sostenido de más de una década. No obstante, dentro de esta fragilidad, existe un espacio genuino para un optimismo condicionado, siempre y cuando demostremos la madurez para no repetir los graves errores de nuestro pasado.

El sector privado se enfrenta al mayor de sus desafíos y responsabilidades. Si bien existe, como dijimos, un optimismo cauteloso y natural ante las nuevas inversiones energéticas que prometen dinamizar la actividad comercial, la meta nacional irrenunciable debe ser el desmarque sociológico definitivo de las prácticas rentistas. Claro, esto es más fácil escribirlo que implementarlo en el plano real.

El capital extranjero actuará como la palanca primaria de arranque, pero la prosperidad real a largo plazo dependerá de la diversificación de nuestra matriz productiva. El objetivo no es solo extraer riqueza del subsuelo, sino retenerla en la superficie. Debemos exigir un marco de competencia transparente que incluya a las empresas locales, una reingeniería fiscal que reduzca la carga tributaria irracional que asfixia al emprendedor, y, sobre todo, transformar responsablemente la inversión en millones de empleos formales que dignifiquen el capital humano. El objetivo debe ser crear el ambiente propicio para la prosperidad y con ello, la movilidad social.

Finalmente

Nuestro pasado reciente presenta una ineludible lección a la dirigencia del país: si las élites emergentes civiles y los restos adaptables de las élites tradicionales que lleguen a confluir y dominar en esta compleja fase de reconstrucción, deciden repetir la conducta viciada de épocas pasadas (capturar para el beneficio privado o grupal las rentas estratégicas generadas por el Estado), eligiendo ignorar sistemáticamente la profunda miseria y las necesidades de desarrollo de la vasta base social ciudadana, la nación entera se precipitará, de forma rápida e irremediable, hacia la fosa de un nuevo y aún más violento ciclo de estancamiento, anarquía gubernamental y previsible insurrección armada. 

Por el contrario, si estas minorías logran asimilar dolorosamente los aprendizajes de un pasado trágico, elevándose a la altura de su responsabilidad generacional y asumiendo su indiscutible liderazgo nacional con elevados estándares de transparencia, visión moderna de desarrollo inclusivo, respeto sagrado al estado de derecho y verdadera vocación de consolidación democrática, Venezuela podría iniciar, tras cinco desastrosas décadas marcadas por la destrucción institucional progresiva, el ansiado y definitivo camino hacia la conformación de una república verdaderamente democrática, institucionalizada y soberanamente próspera.