El clima moral de la transición

El ambiente creado por la Ley de Amnistía me lleva a reflexionar sobre el clima del momento presente y sobre la propia naturaleza de la transición como proceso. Toda transición, en su esencia, supone la tensión entre mantener elementos del antiguo régimen autocrático y avanzar hacia un sistema de libertades y soberanía popular. La transición no es ruptura absoluta, sino desplazamiento: se desplazan poderes y costumbres, se transforman instituciones y se resignifica la experiencia colectiva de lo político. En Venezuela ese “puente” entre un pasado de injusticias y un futuro de justicia está, paradójicamente, sostenido por un remanente creado por el antiguo régimen pero que es de pertenencia colectiva: la Constitución de 1999. Todo lo demás —incluida la presencia de Delcy Rodríguez, el llamado “Rodrigato” y otras figuras del ayer— forma parte de un núcleo autoritario que no fue elegido por el pueblo venezolano, sino impuesto por las circunstancias de la fuerza y la lógica del poder; primero por el propio régimen madurista y luego por la relación asimétrica con Estados Unidos tras la extracción de Nicolás Maduro. Ellos siguen ahí no porque el pueblo los haya aceptado; siguen ahí porque la política internacional y las urgencias pragmáticas han creado un espacio en el que un remanente autocrático teme a Estados Unidos y, al mismo tiempo, rehúsa darle justicia plena de derechos humanos y elecciones al pueblo venezolano. Precisamente por eso quiero insistir: el único remanente legítimo del antiguo orden que puede orientar esta transición es la Constitución.

Los venezolanos, de manera pragmática, observamos cómo se desarrolla el tutelaje de Estados Unidos sobre el llamado “Rodrigato”. Esa observación, sin embargo, no mitiga nuestro deseo profundo de romper la bóveda del miedo. No apaga la necesidad de protestar, de ejercer nuestros derechos cívicos y, sobre todo, de votar. La política de la transición debe ser, ante todo, política de ciudadanía consciente. La protesta no es anarquía; es señal de vida republicana. El voto no es un rito formal; es la concreción de la soberanía popular que la Constitución y la democracia exigen. Lo que necesitamos ya es, por tanto, renovar los poderes públicos y ganar un cronograma electoral que nos permita celebrar elecciones libres al amparo del espíritu del 28 de julio de 2024.

Sobre esto anterior, las elecciones, quiero decir algo: la palabra reconciliación no debe frivolizarse. Los venezolanos tenemos un deseo legítimo de reconciliarnos con nosotros mismos porque fuimos capaces de engendrar el chavismo-madurismo; sí, lo fuimos. Pero la reconciliación verdadera no nace de la amnesia ni de la ingenuidad cívica, ni de un sentimentalismo suave que ignora causas y efectos de lo sucedido desde 1999. La reconciliación solo puede surgir después de elecciones libres que decidan quién será el próximo presidente de la República, quiénes serán los próximos diputados, gobernadores y alcaldes. Solo cuando inauguremos de verdad la democracia, con un sistema electoral libre y con instituciones que sirvan genuinamente a la Constitución y a la ciudadanía, podremos comenzar a administrar la memoria histórica bajo lo que he llamado el equilibrio de la reconciliación: olvidar lo suficiente para que no haya revanchismo, y recordar lo suficiente para que no repitamos atrocidades autocráticas. Esa es la única reconciliación que honra tanto a las víctimas como a la república.

Finalmente, la cultura política que debemos construir no es la de un pueblo bonachón, sino maduro cívicamente. Si algo nos ha enseñado este proceso traumático es que nunca más podemos permitir que el Estado, nuestras instituciones o nuestra sociedad acepten la arbitrariedad como regla de juego. Debemos asumir con realismo que no seremos lo mismo que éramos; seremos el mismo pueblo con continuidad histórica, con sus luces y sus muchas sombras, pero con una mirada decidida hacia el futuro. Esa mirada exige que aprendamos la lección de lo que somos capaces —para lo bueno y para lo malo— y que nos comprometamos, cada uno de nosotros, a ser militantes cívicos de la idea de justicia. No basta con ganar una elección ni con destituir a un autócrata. La república que viene —y la democracia que necesitamos— exige que cada ciudadano se convierta en protector del orden republicano y democrático, incluso en contra de nuestras propias tentaciones de viveza o de complacencia. El clima moral de la transición, entonces, es un clima de responsabilidad, de exigencia y de esperanza: la esperanza que nace no de la ilusión fácil, sino de la convicción firme de que la justicia se conquista con decisiones difíciles, con compromiso comunitario y con la firme voluntad de no abandonar nunca la república a su suerte.