Las madres de los presos desafían al régimen

El régimen no contaba con las madres. O contaba demasiado y por eso impuso el método de encarcelar familiares de los objetivos policiales; así, siempre pende la amenaza de ir por el otro hijo, el marido, la hija… La cárcel no termina en la celda. Se expande hacia el entorno del detenido y convierte a la familia en objetivo indirecto. El poder lo sabe y lo usa.

Pero ahora “hay una nueva forma de respirar en Venezuela”, como dijo el voluble Zapatero, quien antes de la captura de Maduro jamás sugirió que aquí se respirara peor, y los familiares de los presos políticos se cansaron de ser acompañantes silenciosos para convertirse en actor político.

El llanto a cielo abierto de esas mujeres cambió el tablero. La prisión política sigue allí, intacta como instrumento. Lo que se modificó es la respuesta. Las madres se encontraron frente a los penales, en los tribunales, en las oficinas donde nadie les da respuestas y sí muchas evasivas y burlas. Compartieron nombres, teléfonos, fechas, irregularidades. Aprendieron el lenguaje procesal. Se coordinaron. Buscaron prensa. Tocaron puertas internacionales. El vínculo íntimo dejó de ser privado y adquirió densidad pública.

Trompetas de Jericó

La historia demuestra que ese tránsito no es menor. El 30 de abril de 1977, en plena dictadura militar argentina, un pequeño grupo de mujeres se reunió en la Plaza de Mayo para preguntar por sus hijos desaparecidos. No tenían partido ni plataforma. Entre ellas estaba Azucena Villaflor, que meses después sería secuestrada y asesinada. Aquellas mujeres se convertirían en las Madres de Plaza de Mayo. Marcharon cada jueves, hicieron del pañuelo blanco un símbolo, recopilaron nombres, denunciaron en el exterior, fueron a Europa cuando dentro del país las ignoraban. No derrocaron solas a la Junta, pero contribuyeron decisivamente a erosionar su legitimidad internacional y mantuvieron viva la memoria hasta el retorno democrático en 1983.

De ese núcleo surgieron también las Abuelas de Plaza de Mayo, fundadas en 1977, que impulsaron la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos en 1987 y han logrado la restitución de más de un centenar de nietos apropiados. La persistencia se convirtió en institución.

En Chile, apenas un año después del golpe de 1973, se creó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que durante años documentó casos, hizo huelgas de hambre y sostuvo protestas cuando el régimen intentaba clausurar el asunto. La desaparición forzada dejó de ser un rumor y se convirtió en evidencia acumulada. Esa presión constante fue parte del desgaste que precedió al plebiscito de 1988 y a la posterior Comisión Rettig de 1990. No tumbaron a Pinochet, pero impidieron que el silencio se normalizara.

En Uruguay, durante la dictadura cívico-militar que comenzó en 1973, las organizaciones de familiares impidieron que el país clausurara la cuestión de los desaparecidos. Incluso después del retorno democrático, se negaron a aceptar el olvido como salida institucional. Desde 1996, las Marchas del Silencio recuerdan a los desaparecidos y mantienen presión para revisar la impunidad.

En Polonia, en 1976, el Komitet Obrony Robotników nació para asistir a trabajadores reprimidos por el régimen comunista. Aquella red de apoyo legal y material a presos políticos se convirtió en una de las bases sociales que luego confluyeron en Solidaridad y en el proceso que culminó con la caída del sistema en 1989. La ayuda al preso terminó siendo arquitectura de oposición.

En Sudáfrica, durante el apartheid, las redes de familiares de presos políticos, junto a organizaciones como Black Sash, transformaron la situación carcelaria en símbolo internacional. La presión externa y el aislamiento diplomático fueron alimentados por esa visibilidad persistente. La prisión dejó de ser un asunto interno y se volvió problema global.

En Cuba, tras la Primavera Negra de 2003, las Damas de Blanco, esposas y madres de 75 detenidos, comenzaron a marchar cada domingo vestidas de blanco. El gesto repetido, visible y pacífico, les valió el Premio Sájarov del Parlamento Europeo en 2005 y contribuyó a presiones internacionales que desembocaron en liberaciones parciales entre 2010 y 2011. El régimen no cayó, pero tuvo que negociar.

En Bosnia, después de la masacre de Srebrenica en 1995, las Madres de Srebrenica transformaron el duelo en litigio. Fundadas en 1996, llevaron casos ante tribunales internacionales, lograron condenas en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y mantuvieron la exigencia de reconocimiento formal del genocidio.

En Rusia, el Comité de Madres de Soldados, creado en 1989, expuso abusos sistemáticos en el ejército soviético y luego ruso, denunciando desapariciones y maltratos en conflictos como Chechenia. El poder no cayó, pero debió responder públicamente y reformar parcialmente prácticas que pretendía invisibles.

En todos estos casos el patrón es reconocible. Comienzan con una pregunta doméstica. Se transforman en archivo. Acumulan autoridad moral. Internacionalizan el conflicto. Persisten más allá del momento represivo. No actúan solas, pero erosionan mediante esa persistencia, esa repetición que horada murallas.

El grito de la madre muerta

En Venezuela, el proceso está en marcha. Las madres de los presos de conciencia ya no esperan información, sino que la producen. Se convirtieron en noticia (no por nada Jorge Rodríguez se movilizó hasta Zona 7 a montar su show). Ahora no se limitan a clamar o reclamar: documentan y, sin dejar de sufrir, coordinan. Cada nombre publicado, cada irregularidad señalada, cada fotografía frente a un penal reduce el margen de control narrativo del poder.

Sus padecimientos están en el centro del debate público. Un lugar que no es inocuo, puesto que varias de esas mujeres han muerto en medio de este combate por visibilidad y justicia, y esos fallecimientos, lejos de silenciar a las demás, han fortalecido la convicción colectiva de que su organización es un problema político que el régimen no puede soslayar. Después de muertas siguen echándole en cara al régimen sus crímenes.

Un gobierno puede criminalizar a un opositor, pero le resulta más difícil desacreditar a una madre. Y cuando son muchas, el costo político crece. La Operación Tun tun, así como los jerarcas que se reservan sus respectivas cuotas de perseguidos, producen presos. Las familias organizadas han devenido un sujeto político que ya no se puede desconocer.

Esa fuerza ya no es episódica. Está instalada. Y la historia demuestra que, cuando las madres se sostienen en el espacio público, el poder empieza a perder algo que no se recupera con decretos ni con operativos nocturnos: autoridad moral. No es una caída inmediata ni un estruendo. Es un desgaste constante, visible, acumulativo.

El régimen puede multiplicar detenidos, adulterar expedientes, intensificar la intimidación. Pero no puede neutralizar indefinidamente a un coro de madres que no se retira. Cuando ellas se mantienen, el poder ya no gobierna con comodidad y solo le queda administrar desgaste.

El régimen ya acusa el impacto. No porque haya perdido el control de las cárceles, sino porque perdió el monopolio del relato. Cada familiar organizado le arrebata un tramo de legitimidad. Y cuando el poder se ve obligado a reaccionar ante quienes antes despreciaba, es porque la erosión ha empezado a doler.

Cuando el régimen necesita responder a las madres, movilizar voceros o montar escenificaciones para neutralizarlas, es porque la presión dejó de ser simbólica y se volvió política.