El espíritu del modelo concesionario y el futuro de la industria de los hidrocarburos

El 29 de enero, Venezuela vivió un giro legislativo de magnitud tectónica respecto al futuro de su sector de hidrocarburos. La Asamblea Nacional aprobó una nueva ley petrolera que rompe, en los hechos, con la tradición de control estatal rígido instaurada tras 1976, abriendo la participación a empresas petroleras privadas a lo largo de toda la cadena de valor. No es el primer experimento con participación privada desde la nacionalización, pero sí el intento más claro desde la Apertura de los años noventa por normalizarla como marco rector del sector. La legislación, aprobada con una rapidez y opacidad llamativas, ha generado reacciones encontradas: desde denuncias por una supuesta pérdida de soberanía y una entrega a intereses extranjeros, hasta apoyos que la ven como un primer paso en la dirección correcta, aunque aún requiere correcciones de fondo. Pese a estas divergencias, una cosa es clara: el retorno de las compañías privadas al sector petrolero venezolano revive inevitablemente paralelos con el sistema concesionario bajo el cual la industria nació y prosperó entre 1914 y 1976, un espejo de lo que el sector energético venezolano podría llegar a ser en el siglo XXI.

Las leyes de hidrocarburos de 1943 y 2026:

La emblemática ley de 1943, promulgada por el presidente Isaías Medina Angarita (1941–1945), reguló la industria petrolera venezolana, operada por empresas privadas, hasta la nacionalización de 1976. Se convirtió en el molde institucional de la era concesionaria: un Estado de reglas e impuestos que supervisaba una industria operada por el sector privado. Junto con legislación complementaria, estableció el célebre esquema de reparto de ganancias 50/50 con el Estado, posteriormente incrementado mediante reformas. Sin embargo, dentro del marco de 1943, el Estado rentista se limitó en gran medida a fijar las reglas y a recaudar impuestos y rentas, mientras que las compañías privadas asumían los riesgos de capital. No existía un monopolio estatal sobre las operaciones cotidianas.

En espíritu, la ley de 2026 reintroduce condiciones comparables para el capital privado. Las compañías petroleras ahora pueden, bien asumir el control operativo en empresas mixtas con el Estado, o bien llevar a cabo sus actividades de manera independiente mediante contratos con el gobierno. Los marcos de 1943 y 2026 también contemplan esquemas de regalías flexibles que priorizan la viabilidad del negocio por encima de cargas tributarias rígidas. Las diferencias, por supuesto, abundan. Por mencionar algunas, la versión de 2026 concentra poder discrecional en el Poder Ejecutivo en materia de regalías, abre la posibilidad de arbitraje internacional fuera del país, simplifica la carga tributaria en un impuesto integrado de hidrocarburos del 15%, y disminuye la autoridad de la Asamblea Nacional sobre los asuntos petroleros.

Más allá de sus divergencias, ambas legislaciones comparten el mismo imperativo de fondo: atraer capital y tecnología. Las leyes de hidrocarburos de 1976 y 2001, en cambio, fueron diseñadas precisamente para limitar la iniciativa privada. Pero la inversión por sí sola no hará todo el trabajo. También se necesita, de forma urgente, capital humano para liderar un sector de hidrocarburos renacido, y aquí el modelo concesionario ofrece lecciones valiosas.

La venezolanización de la industria:

Una dimensión poco apreciada de aquella época fue el desarrollo del capital humano. A lo largo de décadas, las firmas extranjeras formaron a venezolanos en todos los niveles de la jerarquía corporativa —en funciones técnicas, gerenciales y ejecutivas—, de modo que para mediados de los años setenta los expatriados eran una fracción pequeña de la fuerza laboral y los venezolanos dirigían cada vez más el día a día del negocio. Esto creó un semillero de talento local capaz de asumir responsabilidades operativas y gestionar la transición de 1976 al control estatal con una continuidad inusual.

Esta historia no es nostalgia por una época pasada, sino una lección que vale la pena subrayar. El colapso petrolero de Venezuela en este siglo es inseparable del deterioro de la cultura corporativa y del capital humano, profundizado por la politización de la industria. Esto detonó la fuga de profesionales y el vaciamiento de la eficiencia operativa. Multinacionales como Chevron, y otras que puedan seguir su camino, deberían apoyarse explícitamente en una “Venezolanización 2.0” que incorpore al talento local que aún permanece en el país y estimule el retorno de una diáspora de gerentes e ingenieros venezolanos hoy en el exterior. Aislar el sector de la contratación partidista y de las purgas políticas es esencial para que estos cuadros puedan operar con plena competencia.

La venezolanización impulsada por empresas como la Creole Petroleum Corporation, Royal Dutch Shell, Mene Grande Oil Company y muchas otras también se convirtió en un ejercicio de integración social. Muchos expatriados estadounidenses, como Arthur T. Proudfit, CEO de Creole, se integraron al entorno social del país que los acogió; a menudo aprendían el idioma y lo hablaban con fluidez; su hija incluso se casó con un empresario local. A su vez, los venezolanos formados en el exterior y que trabajaban para estas compañías asimilaron valores y tradiciones profesionales de Estados Unidos. Este intercambio cultural ayudó a forjar vínculos duraderos entre ambos países y contribuyó a la presencia exitosa del capital extranjero en Venezuela. Y estas corporaciones no se detuvieron en sus nóminas: entendieron que el éxito de largo plazo en el sector de hidrocarburos iba más allá de sus empleados, hacia las comunidades que rodeaban los campos petroleros, y más allá.

Licencia Social

Creole, Shell y Mene Grande realizaron inversiones significativas en el país. En los campos petroleros, negociaron contratos laborales lucrativos con los sindicatos. También financiaron hospitales, campus universitarios y otros proyectos de infraestructura. Estas empresas incluso se asociaron con el Estado en iniciativas como la Corporación Venezolana de Economía Básica para financiar proyectos agroindustriales orientados a diversificar la economía, al tiempo que apoyaban a comunidades rurales mediante programas como los de la American International Association. Dejaron una huella indeleble en la vida cotidiana: desde la forma en que los venezolanos compraban en cadenas como CADA, hasta la cultura a través de documentales, revistas corporativas e incluso programas de noticias como Observador Creole.

Más importante aún, construyeron alianzas con capitalistas nacionales como Eugenio Mendoza para abordar problemas sociales. Creole y líderes empresariales venezolanos, por ejemplo, institucionalizaron la acción social del sector privado mediante organizaciones como el Dividendo Voluntario para la Comunidad (DVC), fundado en 1964 para movilizar aportes corporativos hacia proyectos comunitarios. Esta organización sin fines de lucro continúa existiendo hoy, cumpliendo el objetivo original de acción social legado por empresarios estadounidenses y venezolanos hace más de sesenta años. Creole también creó la Creole Development Corporation, un brazo financiero concebido para proveer capital semilla a iniciativas emprendedoras locales. No fue una época exenta de fricciones, pero muestra cómo la legitimidad era entendida como una condición de estabilidad.

Esta generosidad se extendió ampliamente, pero no fue mera filantropía corporativa. Para evitar poner en riesgo sus operaciones y provocar una reacción nacionalista, las empresas se vincularon con las comunidades aledañas e invirtieron en su futuro. Esa es una lección que el nuevo capital que llegue a Venezuela debería asumir. Existe, además, una memoria generacional favorable a la presencia de estas firmas en las comunidades petroleras. Aprovechar ese legado podría abrir oportunidades renovadas para el crecimiento profesional local, al tiempo que fortalecería los vínculos entre comunidades y multinacionales. Las contribuciones a la salud, la educación y la infraestructura también aliviarían la carga del Estado y le permitirían concentrarse en emergencias críticas de construcción nacional: democratizar las instituciones, reconstruir la economía y atender los servicios públicos y las necesidades humanitarias que enfrenta la población.

¿Un retorno espiritual al sistema concesionario?

La nueva ley de hidrocarburos empuja a la industria petrolera venezolana en una dirección distinta y funciona como un primer paso por el camino correcto. Sin embargo, hay un amplio margen para mejoras significativas. Además, quedan preguntas clave sin respuesta. Por ejemplo, ¿cuál será el destino de PDVSA? Cualquier plan que no aborde la recuperación de sus capacidades operativas socava el desarrollo de un sector eficiente. Solo la redemocratización del país puede enfrentar de manera adecuada las fallas más profundas que refleja la legislación vigente. Muchos expertos del sector ya han propuesto un marco alternativo que resolvería varios de los problemas centrales del proyecto, mediante reglas claras, mecanismos de transparencia y la creación de un organismo público especializado encargado de regular el sector de hidrocarburos.

El espíritu del modelo concesionario vuelve a caminar entre las refinerías, los terminales portuarios y los pozos petroleros de Venezuela. Aún es pronto para saber si el capital extranjero regresará con el mismo entusiasmo que trajo hace más de un siglo, o si la magnitud de las inversiones y el grado de involucramiento con las comunidades aledañas igualará el de sus antecesores. El sector puede convertirse en una plataforma de reconstrucción institucional y profesionalización, o en otro canal discrecional de rentas y corrupción. La democracia, los pesos y contrapesos, y reglas claras pueden convertir la ley de hidrocarburos de 2026 (y sus posibles modificaciones futuras) en principios duraderos para el resto del siglo. De ser así, la industria petrolera podría abrir un nuevo período de prosperidad. Mucho queda por hacer para materializar ese futuro, pero lo innegable es que comienza una nueva era.