Rodríguez & Rodríguez: la sociedad que se quedó con la “Revolución”

Hasta hace apenas unas semanas, Delcy Rodríguez podía ejercer su influencia y poder dentro del gobierno sin llamar demasiado la atención y contando —incluso— con la ventaja de ser un poco subestimada. De presencia menuda, de un gris disfrazado bajo colorida y costosa vestimenta, con tono atiplado y cansino, no parecíamos darnos mucha cuenta de ella. Los focos apuntaban a su hermano Jorge, a Diosdado Cabello y a Nicolás Maduro. Ella simplemente estaba ahí.

O eso creíamos.

Los más informados en asuntos de economía, analistas y cierto grupo de empresarios seguramente sí tenían mayor conciencia de su papel en el entramado gubernamental. Seamos honestos: a pesar de que era vicepresidenta y de que estaban a su cargo los manejos en materia de política económica y el negocio petrolero, costaba fijar la atención en ella.

La decisión de Washington de respaldar —¿y ordenar?— su pase a la presidencia tras la ausencia muy forzosa de Maduro disparó la exposición de la vasta red de influencia que tejió y dejó en evidencia que los organismos de seguridad de Estados Unidos le siguen los pasos desde hace ya algún tiempo.

Luego de los esperados perfiles iniciales elaborados por los medios para responder la pregunta de quién es Delcy Rodríguez —incluyendo algunos sospechosamente empáticos— comenzaron a salir a la luz infidencias de los organismos de seguridad estadounidenses. Nada es casualidad. Es el recordatorio sistemático: sabemos lo que hiciste y lo que haces.

La revelación hecha por AP el 17 de enero sirve de ejemplo. La agencia de noticias publicó un texto que asegura que la DEA ha estado acumulando un voluminoso expediente sobre la conexión de la hoy presidenta encargada de Venezuela con actividades criminales.

“Tres agentes actuales y anteriores de la DEA que revisaron los registros a petición de la AP dijeron que estos indican un interés intenso en Rodríguez durante gran parte de su mandato como vicepresidenta, que comenzó en 2018”, dice la nota. Y asegura que pasó a ser objetivo prioritario, “una designación que requiere documentación extensa para justificar recursos investigativos adicionales”, aunque —explican— no necesariamente se traduce en una acusación penal.

AP cita a Kurt Lunkenheimer, exfiscal federal en Miami con experiencia en temas venezolanos: “Estaba en ascenso, por lo que no es sorprendente que pudiera convertirse en un objetivo de alta prioridad con su rol. El problema es cuando la gente habla de ti y te conviertes en un objetivo de alta prioridad: hay una diferencia entre eso y la evidencia que respalda una acusación”.

“Uno de los registros cita a un informante confidencial no identificado que vincula a Rodríguez con hoteles en la isla de Margarita que supuestamente se utilizan como fachada para lavar dinero”, dice la agencia.

Y aporta otro filón relacionado con el empresario colombiano Álex Saab, señalado como testaferro de Maduro: “Los registros también indican que los federales estaban investigando la participación de Rodríguez en contratos gubernamentales adjudicados al aliado de Maduro, Saab, indagaciones que siguen en curso incluso después de que el entonces presidente Joe Biden lo indultara en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros por estadounidenses encarcelados en Venezuela”.

En 2018, Delcy Rodríguez fue sancionada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y entró en la lista de 69 venezolanos sancionados por la Unión Europea por “las persistentes acciones que socavan la democracia y el Estado de Derecho, así como las continuas violaciones de derechos humanos y la represión de la sociedad civil y la oposición democrática, también en relación con la celebración y los acontecimientos que siguieron a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024”. También ha sido sancionada por otros países, como Colombia, Suiza y México.

Un reportaje del Miami Herald, publicado el 21 de enero de este año, la ubica dentro de la estructura criminal del régimen de Maduro. En concreto, establece que es la heredera de los manejos de Tareck El Aissami, acusado por narcotráfico en Estados Unidos y caído en desgracia en 2023, año en el que sus viejos camaradas decidieron desaparecerlo del mapa.

“En un sistema que durante mucho tiempo ha difuminado la línea entre la política y la empresa ilícita, Rodríguez asumió silenciosamente el control de las redes que antes manejaba El Aissami —redes que funcionarios estadounidenses y reportes de investigación han vinculado con corrupción avalada por el Estado, contrabando de oro y narcotráfico a través del Caribe”, dice el Miami Herald.

“Funcionarios estadounidenses creen que el narcotráfico ayudó al régimen de Caracas a compensar la caída de los ingresos petroleros causada por las sanciones estadounidenses impuestas a la estatal Petróleos de Venezuela en 2019. Operando principalmente con cocaína originaria de Colombia, el cartel exportaba un volumen de entre 350 y 500 toneladas anuales para 2024”, explica el contexto el reportaje.

Y pasa al momento actual: “En entrevistas separadas y extensas con el Herald, las fuentes confirmaron de manera independiente que uno de los engranajes más importantes de la maquinaria criminal del cartel es manejado por los hermanos Rodríguez”.

Con El Aissami fuera del juego, Maduro necesitaba a alguien que mantuviera el mecanismo en marcha. Y, según lo publicado por el Miami Herald, ese fue el momento de Delcy: “Eso incluía la supervisión de empresas estatales, sistemas financieros paralelos utilizados para evadir sanciones y lo que las agencias de inteligencia occidentales describen como ‘rutas de contrabando protegidas por el Estado’ para oro, petróleo y cocaína. En público, Rodríguez seguía siendo la diplomática pulida que condenaba la ‘guerra económica’ de Estados Unidos. En privado, consolidaba su papel como custodio de las operaciones más sensibles del régimen, responsable de sostener los flujos de efectivo que permitían la supervivencia del gobierno”.

“Desde la caída de El Aissami, evaluaciones de inteligencia extranjera revisadas por el Herald sugieren que el control operativo de las rutas de tráfico y de su arquitectura financiera se desplazó más cerca del círculo familiar de Maduro, con Delcy Rodríguez emergiendo como una coordinadora civil clave, aunque Washington no la ha acusado públicamente de participación directa en el narcotráfico”.

Dos Rodríguez, un sistema

Con semejante prontuario, ¿cómo es que la administración Trump ha llegado a la conclusión de que puede funcionar una alianza con Rodríguez y —como se ha dicho— la propia CIA la recomendó para la tarea de encargarse de la Venezuela sin Maduro y tutelada por la Casa Blanca?

Existe una razón de peso: Delcy no es ella sola; es un sistema, un entorno.

La hoy presidenta interina, amparada inicialmente por su hermano Jorge y apuntalada más tarde por méritos propios, ha sido ministra del Despacho de la Presidencia (con Hugo Chávez), ministra de Comunicaciones, ministra de Relaciones Exteriores, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente que se inventó para anular al legítimo parlamento de mayoría opositora, ministra de Economía y Finanzas, ministra de Hidrocarburos, vicepresidenta de la República y, en consecuencia, jefa directa del Sebin desde 2018 y mandataria de la nación desde el 5 de enero.

Con Maduro recién ingresado en una prisión en Nueva York, en 48 horas los hermanos Rodríguez tomaron posesión del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

Una investigación de Transparencia Venezuela describe la situación: “La actual presidenta encargada de Venezuela ha ascendido en la élite política hasta tener control de buena parte del área financiera, de la producción, comercial, energética, diplomática y política, tejiendo redes estratégicas y dirigiendo diversos sectores económicos con aliados y amigos cercanos”.

“Desde 2013 ha venido escalando posiciones, estableciendo relaciones, consolidando vínculos y negocios, siempre junto a su hermano, Jorge Rodríguez”, apunta la ONG en su web, a lo que ya comienza a ser conocido como “el Rodriguismo”.

Desde 2018 es vicepresidenta ejecutiva de la República y ese cargo puso en sus manos al menos once instituciones, organismos y fundaciones, entre las cuales hay que destacar las que se ocupan de la construcción y asignación de viviendas de interés popular, el Servicio Nacional de Contrataciones, el Servicio Autónomo de Registros y Notarías y la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna. Nada más con esto, basta detenerse para hacerse una idea de sus facultades para asignar contratos con el Estado y disponer de cuantiosos recursos.

Dentro de ese esquema, el informe de Transparencia Venezuela identifica a un aliado muy cercano: Abel Durán Gómez, director general del Saren —por donde circulan enormes volúmenes de dinero— y primo de los hermanos Rodríguez Gómez.

Y si todo eso ya es bastante, sumemos el hecho de ser la máxima autoridad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), un organismo que carga con múltiples denuncias de violaciones a los derechos humanos.

Como ministra de Hidrocarburos, controla 111 empresas: 65 en el país y 46 en el exterior. Eso incluye a Pdvsa, Pequiven, la Corporación Venezolana de Petróleo, Pdvsa Gas y Pdvsa Marina.

En ese contexto, Delcy Rodríguez es la “zarina del negocio petrolero” y el informe apunta como aliados a Héctor Obregón, presidente de Pdvsa, y a Román Maniglia. Maniglia es presidente de Pequiven y del Banco de Venezuela, licenciado en Comunicación Social con formación en finanzas, hijo del exmilitar y embajador en Alemania Orlando Maniglia e hijastro de la almiranta Carmen Meléndez, alcaldesa del municipio Libertador.

“Delcy Rodríguez, como vicepresidenta de la República, teniendo el control del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Economía, Finanzas y Comercio Exterior y, además, como ministra de Hidrocarburos, manejó el 40 % del presupuesto nacional aprobado en 2024 y el 44 % del presupuesto aprobado para 2025”, ilustra la investigación de la ONG.

Y añade: “Durante la gestión de Delcy Rodríguez en el ministerio se afianzaron las fórmulas de alianzas con el sector privado conocidas como Contratos de Participación Productiva (CPP) para la administración, explotación, servicios conexos y comercialización del petróleo, realizadas en detrimento de la participación de Pdvsa, sin licitaciones abiertas, sin control parlamentario, flexibilizando las obligaciones fiscales en perjuicio de los ingresos públicos y en absoluto secreto. Por la vía de los hechos se modificaron las disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica de Hidrocarburos”.

Un reportaje de Armando.info describe este proceso como una racha “reprivatizadora” de la industria: “La campaña terminó por ser una auténtica piñata. Varias áreas de la Faja Petrolífera del Orinoco y de la cuenca del Lago de Maracaibo fueron asignadas a empresas privadas, la mayoría desconocidas, con más apetito por el negocio que experiencia en el mismo. Muchas de ellas eran propiedad de amigos políticos y comerciales no solo del régimen, sino incluso de la propia Delcy Rodríguez”.

“Los contratos que Delcy repartió están en veremos” es el título de ese trabajo publicado en enero. Allí se plantea que la nueva realidad impuesta por Donald Trump desde su control remoto del crudo venezolano pone en riesgo el esquema de los CPP y lo pactado con sus beneficiarios, entre quienes se cuentan el magnate estadounidense Harry Sargeant III, en asociación con el famoso bolichico Alejandro Betancourt, y también un clan ecuatoriano muy cercano al expresidente Rafael Correa.

El texto describe a otras catorce empresas favorecidas. Entre ellas está Hainan Breey Energy Co. Ltd., vinculada al panameño Ramón Carretero Napolitano, sancionado por el Departamento de Estado y a quien se relaciona con el sobrino presidencial Carlos Malpica Flores. Álex Saab, por supuesto, también aparece como favorecido con un CPP a través de la empresa China Concord Petroleum, a la que se le asignó la explotación del campo Lagunillas Lago, en la cuenca del Lago de Maracaibo, y del campo Lagocinco, mediante un CPP de duración indefinida.

En resumen, Delcy Rodríguez se valió de sus cargos y de su posición en la estructura de poder para repartir una parte considerable de la riqueza petrolera del país entre amigos y aliados políticos. Ninguno de los casos de corrupción de la era democrática se compara con esta situación, en la que los herederos de Hugo Chávez se las ingeniaron para meterle mano directamente a la mayor industria nacional.

Asegurando el control

Asumir el puesto de presidenta encargada el 5 de enero de 2026 es la coronación de una carrera que comenzó formalmente en 2002, cuando el entonces canciller Roy Chaderton la incorporó a su equipo en la Casa Amarilla. Fue allí, por cierto, donde, al llegar a ser titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez fortaleció su red de lealtades mediante el nombramiento de familiares de actores políticos en cargos clave.

El informe de Transparencia Venezuela detalla más de veinte fundaciones y organismos cuyo control recae en ella como máxima autoridad, con aliados como el capitán Juan Escalona, designado ministro del Despacho de la Presidencia.

Escalona fue edecán de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. El militar, a quien algunos rumores dieron por muerto durante la operación estadounidense del 3 de enero, era el encargado de velar por la seguridad de la pareja presidencial, una tarea que no cumplió precisamente con éxito. Sin embargo, Rodríguez lo mantiene todavía en Miraflores, cerca de ella.

Otro personaje clave de su entorno es el general Gustavo González López, exdirector del Sebin —estaba en el cargo cuando ocurrió la muerte del concejal Fernando Albán el 8 de octubre de 2018—, quien hasta enero se desempeñaba como intendente de Asuntos Estratégicos y Control de Producción en Pdvsa, un puesto creado para él por Rodríguez. La presidenta encargada ratificó su confianza en él al designarlo, el 6 de enero, comandante de la Guardia de Honor Presidencial y director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Si, como se asume, Diosdado Cabello se impone en el Sebin, ella asegura su control de la igualmente temida DGCIM.

En cuanto a mover sus fichas, tiempo no ha perdido. En todos los ámbitos de la administración pública, y especialmente donde se toman las grandes decisiones, hay figuras aliadas del tándem Rodríguez Gómez en posiciones estratégicas.

El caso de Calixto Ortega Sánchez sirve para ilustrar cómo se recompensan las alianzas. En sus tiempos en la Cancillería, Delcy Rodríguez ubicó en 2014 al sobrino del magistrado Calixto Ortega Ríos al frente de los consulados en Houston y Nueva York. Un buen trabajo para este ingeniero egresado de la Universidad del Zulia, con estudios en la Universidad de Columbia. También fue asesor de Pdvsa, vicepresidente de Citgo, presidente del Banco Central de Venezuela entre 2018 y 2025 y, desde enero de 2026, vicepresidente sectorial de Economía, además de sustituir a Álex Saab en la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva.

De acuerdo con el documento de Transparencia Venezuela, su presencia en el BCV ayudó a su mentora a extender su área de influencia hacia el ámbito minero: “Entre 2020 y 2024 aumentó el número de alianzas estratégicas creadas con distintas empresas para explotar el oro, procesarlo y exportarlo. Esto fue posible gracias a las autorizaciones que dio el Banco Central de Venezuela (BCV), órgano con competencias directas sobre el manejo y comercialización de minerales estratégicos. Durante ese lapso, Calixto Ortega Sánchez estuvo a cargo del BCV”.

Él y Anabel Pereira Fernández —a quien le “heredó” el despacho de Finanzas en 2024— son sus colaboradores más estrechos en el manejo económico del país. “Pereira Fernández ha acompañado a Delcy Rodríguez en su paso por la Cancillería, por el Ministerio de Economía y Finanzas como superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y luego como presidenta de la junta interventora de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), cargo que en la actualidad ejerce en paralelo con el de vicepresidenta de Comercio y Suministro Internacional de Pdvsa, ministra de Economía y Finanzas y directora del Banco Central de Venezuela”, resume Transparencia Venezuela.

Hermanados en el guiso

“Un informe de un servicio de inteligencia extranjero obtenido por el Herald describe el surgimiento de lo que denomina un nuevo ‘centro de poder’ alrededor de Delcy Rodríguez y su hermano Jorge, cada vez más entrelazado con un grupo de empresarios encabezado por la familia Abou Nassif, venezolanos de origen libanés cuya influencia se expandió rápidamente durante el punto álgido de las sanciones internacionales”.

Ese documento, en el que se sustenta la nota del Miami Herald, identifica a Yussef Abou Nassif Smaili como uno de los intermediarios fundamentales entre el poder político y el capital privado. Yussef, además, ha sido mencionado con insistencia como pareja sentimental de Delcy Rodríguez, una relación que le habría resultado altamente rentable al empresario y a sus hermanos, Omar y Jamal Abou Nassif, con quienes comparte la propiedad y manejo de “decenas de empresas” en sectores como construcción, turismo, bienes raíces, importación de alimentos, empaques, logística y comercio minorista.

De acuerdo con un reportaje del sitio especializado en periodismo de investigación Armando.info, los hermanos Abou Nassif obtuvieron al menos 413 millones de dólares en contratos de suministro para los CLAP entre 2017 y 2019, y lo hicieron a través de empresas registradas en Hong Kong, como Luck Fortune International Trading, Mass Joy Industries y Million Rise Industrie.

Estos hermanos —incluido también Nabil Abou Nassif— operan un conglomerado de firmas en cuyos registros y organigramas se repiten los mismos nombres en posiciones gerenciales. El informe de Transparencia Venezuela incluye una lista de 35 empresas del grupo Abou Nassif.

La ONG explica: “La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México abrió indagatorias a partir de 2018 sobre un conjunto de empresas y personas vinculadas a la intermediación de alimentos para los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), identificando operaciones inusuales y sobreprecios asociados a la importación de productos destinados al esquema CLAP, donde participó el grupo Abou Nassif. La UIF actuó, congeló cuentas y presentó denuncias penales, pero el caso está aún en manos de la fiscalía mexicana. En Venezuela no se conoce investigación”.

Los Abou Nassif llegaron a Delcy a través de Jorge Rodríguez. Un dato permite esa conclusión: Nabil Abou Nassif fue director de Administración y Finanzas en la Alcaldía del Municipio Libertador durante la gestión de Jorge Rodríguez entre 2008 y 2017.

El Miami Herald explica parte de la expansión de estos negocios: “En 2019, la misma red obtuvo un contrato adicional por 145 millones de euros para kits de hemodiálisis, con mecanismos de pago presuntamente vinculados a crudo o fuel oil, lo que permitía eludir los sistemas bancarios convencionales”.

“Funcionarios citados en el informe de inteligencia se referían internamente al grupo como el ‘grupo árabe’, y analistas señalan que su modelo operativo se asemejaba estrechamente al del empresario sancionado Álex Saab”.

Los negocios del clan no se dan solo a la sombra. El dinero también se blanquea con inversiones visibles en la ciudad: son propietarios del restaurante Ostería y de la cadena de bodegones Ok Mart, creada en 2019.

El informe de Transparencia Venezuela señala que existen 141 empresas privadas relacionadas —de una manera u otra— con la presidenta interina: 85 de ellas en Venezuela y 56 registradas en otros países, en una lista que incluye Panamá, Ecuador, España, Arabia Saudita y Estados Unidos.

“Los hermanos Majed Khalil Majzoub y Khaled Khalil Majzoub han participado en cientos de contrataciones opacas en Venezuela que, según la información levantada por el Registro Nacional de Contratistas venezolano y diversas investigaciones publicadas en medios, se han celebrado gracias a su relación con los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez Gómez, Diosdado Cabello Rondón y el general Francisco Rangel Gómez”, precisa el documento, al incorporar a otro clan protagonista de esta historia.

De Majed Khalil Majzoub se ha dicho de todo a lo largo de los años del chavismo, incluso que sería aliado de organizaciones terroristas islámicas que operarían en el país. Lo que sí puede afirmarse con certeza es que ha sabido alinearse con el círculo de poder chavista y adaptarse a cambios tan extremos como pasar del cobijo de Tareck El Aissami al de Diosdado Cabello y, más recientemente, al de los Rodríguez.

Fútbol y elecciones

A Delcy Rodríguez no le ha hecho falta ocupar un cargo en el Consejo Nacional Electoral. Para eso está su hermano, quien fue rector principal y presidente del organismo.

Jorge Rodríguez nunca dejó de controlar el ente electoral en todos los ámbitos: político, operativo y tecnológico.

“El principal aliado es el rector Carlos Quintero Cuevas, quien ingresó al ente electoral en septiembre de 2004, mientras Jorge Rodríguez era rector principal”, apunta el informe de Transparencia Venezuela. “Antes de convertirse en vicepresidente del CNE —su cargo actual—, Quintero Cuevas ocupó la dirección del Registro Electoral, estuvo a cargo del departamento de Informática y fue miembro de la Junta Nacional Electoral. Es decir, constituyó el padrón electoral que sirvió de base para los procesos electorales y tuvo acceso a la data de todos los componentes del sistema e instrumentos de votación”.

Quintero Cuevas siempre fue una ficha de alto valor para los intereses de los Rodríguez.

Luego se sumó otra pieza clave: “El control sobre los procesos electorales se consolidó con la relación entre Carlos Quintero y Guillermo San Agustín, dueño de la empresa argentina Ex-Clé S.A. y de su filial venezolana Ex-Clé Soluciones Biométricas C.A., que pasó de ser un proveedor de servicios biométricos para varios entes del Estado venezolano a convertirse en el único operador tecnológico electoral, tras la salida de Smartmatic, empresa que denunció la manipulación de los datos de participación en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017”.

La relación con Guillermo San Agustín es tan estrecha que algunos empleados de Ex-Clé —empresa que participó en nueve procesos electorales entre 2017 y 2024— han ocupado también cargos en organismos dirigidos por los Rodríguez.

Ex-Clé fue fundada en 1998 en Argentina y hoy tiene sedes en Caracas y en La Asunción, Paraguay. En 2020 fue sancionada por Estados Unidos “por el apoyo prestado al régimen ilegítimo de Maduro durante las elecciones fraudulentas” de ese año, según explicó el entonces secretario de Estado, Mike Pompeo. Dos de sus directivos —el venezolano Marcos Javier Machado Requena y el argentino Guillermo Carlos San Agustín—, además de la propia empresa, fueron incluidos en la lista de Ciudadanos Especialmente Designados.

Siendo esta firma la gran contratista del CNE —además de otros organismos—, su responsabilidad en el ocultamiento de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio es indiscutible.

Todo lo narrado aquí, que es apenas una parte de lo que se conoce, hace que resulte llamativo vincular a Delcy Rodríguez con la selección Vinotinto. Allí aparece otra red, con tres personajes principales: Pedro Infante, vicepresidente de la Federación Venezolana de Fútbol; Nicolás Fernández de Caleya, director principal de la Liga FUTVE, y Jorge Andrés Giménez Ochoa, presidente de la FVF.

Lo de Giménez Ochoa va más allá del fútbol. Se le considera una suerte de “ahijado” de Rodríguez: “participa directamente en once empresas en sectores tan diversos como alimentación, petróleo, construcción y deportes. Giménez maneja empresas intermediarias para la venta de crudo de Pdvsa —bajo el mando ministerial de Delcy Rodríguez— y negocios vinculados con los alimentos CLAP”.

También está el señalamiento de Transparencia Venezuela sobre la influencia de la ministra de Petróleo y vicepresidenta en el uso del deporte como herramienta de lavado de imagen del gobierno de Maduro, a través de patrocinios y asignaciones presupuestarias. Y donde hay partidas sin contraloría institucional, también hay negocios, porque así funciona la opacidad estructural del fútbol venezolano.

A fin de cuentas, de eso trata todo esto: de mover y ganar dinero en cualquier área posible, asegurando alianzas en el camino y al amparo del ejercicio arbitrario del poder. De momento, los Rodríguez han demostrado una notable maestría en ese oficio.